Dos hechos afrentosos han inquietado a la región y al hemisferio, además de centro de señalamiento mundial, que motivaron una incertitud política poselectoral, crítica sobremodo, por cuyas secuelas o consecuencias se originó.
Por Isaías Márquez
Primero: la reafirmación de inhabilidad a M C M y segundo: el fraude electoral que urdió el régimen a fin de que Maduro quedase presidente reelecto para el período 2025-2031, razones por las cuales la Red de Observación de Integridad Electoral ha expresado su desazón por el estado crítico de la democracia en Venezuela ante la incerteza política que ocasionara el TSJ por la inhabilidad de la lideresa opositora mencionada, para el ejercicio de cargos públicos por el lapso de unos 15 años; sanción ya impuesta por la CGR en 2015; inhabilidad que conlleva una violación al acuerdo de Barbados, suscrito en 10/2023 entre el Gobierno nacional y la oposición.
Pero, de una vez incongruente con la violación de las garantías electorales del país, aún de cara a los comicios presidenciales, cuyo clima político social favorable, pese a los esfuerzos desplegados, y debido a la actitud hegemónica del régimen mediante su maquinaria, se hizo poco posible promover, lo que degeneró hasta en capturas arbitrarias por malos entendidos en la defensa del voto; vale decir, de la soberanía popular por su autodeterminación; triunfo que le arrebataran o birlaran infamemente, a Edmundo González Urrutia, hecho proclive a enrevesarse por los infundios que se pretendió encausar en su contra y debido a su renuencia razonable al obviar unas tres citaciones que le formulara el MP.
Actitudes suyas que han tenido la venia de diferentes mandatarios latinoamericanos que comprenden claramente, el trasfondo del inquinamento, cuyo exilio, como el de tantos venezolanos insignes según la OEA, forzó Maduro, desde donde también podría juramentarse como presidente de la República.