(26 de junio del 2024. El Venezolano).- Grupos de libertades civiles estadounidenses presentaron este lunes una demanda contra el estado de Luisiana para bloquear una nueva ley que obliga a exhibir los Diez Mandamientos en los salones de las instituciones educativas públicas.
La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Baton Rouge por padres de alumnos de centros de enseñanza públicos del estado con diversos orígenes religiosos, representados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, entre otros grupos.
En el documento se argumenta que la legislación es inconstitucional, puesto que viola la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe el establecimiento de una religión por parte del Gobierno y garantiza la libertad religiosa, por lo que va en contra de la «separación entre la Iglesia y el Estado». Además, «interfiere sustancialmente» con el derecho constitucional de los padres a criar a sus hijos en la religión de su elección, se agrega.
«Mensaje dañino y religiosamente divisivo
En esa línea, se denuncia que la norma envía un «mensaje dañino y religiosamente divisivo» de que los estudiantes de diferentes creencias «no pertenecen a su propia comunidad escolar«, puesto que no comparten la «versión específica de los Diez Mandamientos» que el estado promulga.
«Esta ley envía un mensaje contrario, de intolerancia religiosa, de que una denominación o sistema de fe es oficialmente preferible a otro», expresó el pastor presbiteriano Jeff Sims, uno de los firmantes de la iniciativa.
La polémica Ley HB-71, promovida por el Partido Republicano y aprobada por el Legislativo estatal a finales de mayo, fue firmada la semana pasada por gobernador de Luisiana, Jeff Landry. Se trata del primer estado del país norteamericano en adoptar una medida semejante.
«Si se quiere respetar el Estado de derecho, hay que empezar por el dador de la ley original, que fue Moisés«, declaró Landry.
Según establece la nueva legislación, los colegios y universidades financiados por el estado tendrán hasta el 1 de enero de 2025 para exhibir en todos sus salones dichos carteles con letra «grande y fácil de leer».
