(20 de febrero del 2024. El Venezolano).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechazó la detención y desaparición forzada en la que estuvo la activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
Los comunistas, que son críticos al gobierno de Nicolás Maduro, también se refirieron a las detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales en el país por parte de Miraflores.
“El PCV repudia las detenciones arbitrarias, con graves vulneraciones a las garantías constitucionales, cometidas en las últimas semanas por organismos de seguridad del Estado contra ciudadanos y ciudadanas que ejercen actividades políticas públicas en oposición al actual Gobierno, siendo uno de los casos más graves la desaparición forzada temporal perpetrada contra la activista Rocío San Miguel“, dijeron en un comunicado este lunes 19 de febrer, reportó Efecto Cocuyo.
Aunque reconocen las diferencias ideológicas con San Miguel, cuestionaron la incomunicación en la que estuvo la defensora de DDHH, quien apenas el domingo 18 de febrero pudo reunirse con su hija Miranda Díaz San Miguel, contra quien también pesan medidas cautelares por parte del Ministerio Público.
Por qué se habla de desaparición forzada
A la activista la detuvieron el 9 de febrero cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Hasta que informaron de su privación de libertad y la presentaron en tribunales, el 12 de febrero casi a medianoche, San Miguel estuvo en desaparición forzada, un delito que tipifica el Estatuto de Roma como un crimen de lesa humanidad.
El Ministerio Público y Miraflores rechazaron esta categorización y según el fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, esta fue una de las razones por las que suspendieron las actividades de los funcionarios de DDHH de la ONU del país.
“Es repudiable toda privación de libertad que vulnere las garantías constitucionales y legales que regulan el Estado de Derecho; prácticas históricamente enfrentadas por nuestro Partido y que como hemos denunciado se vienen aplicando contra dirigentes sindicales y trabajadores en general, por ejercer luchas laborales o denunciar hechos de corrupción”, sostuvieron.
Entre los casos que mencionaron están los dirigentes y trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Leonardo Azócar y Daniel Romero, además del presidente de la Federación Venezolana de Maestros (Fenatev) en Barinas, Víctor Venegas.
Condenan expulsión de Oficina de DDHH de la ONU
También expresaron su rechazo a la decisión del gobierno de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, así como la expulsión de los 13 funcionarios de esta dependencia de Venezuela.
“Esa instancia de la ONU da cuenta de denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por los Estados y por tanto no le corresponde opinar o actuar ante supuestas o reales denuncias de conspiración contra el Gobierno, las que sirven para justificar detenciones y amenazas contra todo aquel que cuestiona las políticas oficiales”.
Alertaron que esta decisión es un mensaje de que el gobierno actuará “con impunidad” para vulnerar las garantías fundamentales de la población venezolana.
