(31 de enero del 2024. El Venezolano).- Los salvadoreños acuden este domingo a las urnas en la primera vuelta de unas elecciones presidenciales y legislativas llamadas a ser un paseo para el presidente Nayib Bukele, quien ha logrado reducir al mínimo la violencia pandillera con una política de mano dura cuestionada por los organismos de los derechos humanos.
Uno de los últimos sondeos, de la Universidad Centroamericana (UCA), apunta que el mandatario de 42 años se haría con un 81,9 % de los votos, frente a una oposición atomizada entre cinco candidatos, ninguno de los cuales alcanzaría el 5 % de los sufragios.
La mayoría de las encuestas ofrecen datos similares. Si, como todo indica, supera el 50 % de los votos, sería reelecto sin pasar por el balotaje.
La oposición, al revés de lo que ocurre en países con figuras hegemónicas, ni hizo amago de presentar un candidato unitario. De hecho, se augura que muy debilitada, según los pronósticos.
Los dos que siguen a Bukele, a un distancia sideral, son el exdiputado Manuel Flores, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y el empresario Joel Sánchez, del derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Esos dos partidos dominaron la política salvadoreña tras la guerra civil que asoló el país entre 1980 y 1992. Hasta que llegó Bukele en 2019 y terminó con el bipartidismo.
Los otros tres candidatos son el médico obstetra José Renderos (Fuerza Solidaria), el abogado Luis Parada (Nuestro Tiempo) y la arquitecta Marina Murillo (Fraternidad Patriótica Salvadoreña).
Mantener la hegemonía
La justa está a priori tan clara, que, cuando hace días pidió el voto en un video en las redes sociales, uno de los puntales de su éxito, Bukele llamó a mantener la hegemonía que su partido, Nuevas Ideas, también tiene en el Legislativo.
«Este 4 de febrero debemos mantener los logros en seguridad. En este momento, Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada. Pero con tan solo un diputado menos, perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas», explicó.
Bukele aseguró que, sin esa mayoría, «no se podría prorrogar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al fiscal general, ni profundizar la reforma judicial», así como tampoco «aprobar todas las herramientas» para «ganar la guerra».
Pero su posición dominante causa inquietud entre algunos sectores. El vicerrector de la UCA, Omar Serrano, aseguró en la presentación de la encuesta que los comicios son «una especie de trámite para hacerlas funcionales a los intereses de los que tienen el poder», como ha ocurrido históricamente en el pequeño país de seis millones de habitantes.
Nos acercamos hacía un régimen o de partido único o de partido hegemónico», que solo existen «en regímenes no democráticos», advirtió. El académico aseguró que lo que más valora la población «es lo que tiene que ver con la política de seguridad del Gobierno y, en concreto, con el régimen de excepción».
Eso es lo que más condiciona el voto, aunque la economía y el desempleo hayan desplazado a la violencia como principal preocupación de los salvadoreños.
«No estamos combatiendo a angelitos»
La ofensiva represora de Bukele se ha vuelto icónica dentro y fuera de El Salvador. Este político, que también fue alcalde de San Salvador antes de ser electo como presidente, le declaró «la guerra a las pandillas» e impuso a principios de 2022 impuso un estado de excepción, que rige desde entonces y ha llevado tras las rejas a más de 70.000 personas, acusadas de pertenecer a las pandillas.
El país que tanta sangre derramó bajo el yugo de las temibles maras se ha convertido en uno de los más seguros de Latinoamérica. De hecho, una encuesta de la consultora Cid Gallup revela que posee el porcentaje más bajo de percepción de criminalidad en la región.
El mandatario proviene del ramo de la publicidad, por la empresa familiar, y domina a la perfección el arte de la propaganda. Muestra de ello son las cuidadas puestas en escena que hace de la persecución y detención de decenas pandilleros, de su traslado, esposados y vestidos solo con calzoncillos, al recién construido Centro de Confinamiento del Terrorismo (según él, «la cárcel más grande de toda América») y de las familias gozando de la paz recobrada en las calles.
«No estamos combatiendo a angelitos, estamos combatiendo al mismo demonio», dijo en una ocasión.
Un modelo «altamente represivo»
Sus medidas le granjearon un altísimo índice de aprobación entre los salvadoreños, pero opositores y defensores de los derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, torturas y erosión del orden institucional.
En agosto del año pasado, el gobierno, que rechaza las acusaciones, anunció que había liberado a 7.000 detenidos y dijo que eso era una muestra de que «el sistema de justicia está funcionando».
En diciembre, en un extenso informe, Amnistía Internacional (AI) aseguró que el Estado salvadoreño, «detrás del velo seguridad», está «reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas», al adoptar un modelo de seguridad «altamente represivo» que criminaliza a los grupos vulnerables y socava los derechos humanos.
La ONU, la Unión Europea y otros organismos, por su parte, le han pedido al gobierno salvadoreño el fin del estado de excepción. Pero el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aseguró que la medida se prolongará «hasta que se llegue a la última detención».
Una polémica candidatura
Para que Bukele pudiera participar en los comicios, la Asamblea Nacional del país centroamericano otorgó una licencia especial por seis meses al presidente y, en su lugar, nombraron a Claudia Juana Rodríguez de Guevara como «designada presidencial».
Pese a su amplio respaldo popular, la aspiración de Bukele para un segundo mandato consecutivo no ha estado exenta de polémica, pues aunque la Constitución prohíbe explícitamente la reelección inmediata, los magistrados del TSE –designados por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista– emitieron una resolución que lo habilitó para poder poder competir.
La politóloga y socióloga Carolina Ovares-Sánchez sostuvo, en el diario digital Divergentes, que la flexibilización de los límites de los mandatos presidenciales «puede ser democráticamente legítima», pero que, en el caso de El Salvador, «la manipulación de las reglas electorales conduce a la manipulación del poder».
«El caso salvadoreño revela abusos y concentración del poder, evidenciando que la búsqueda de la reelección es un paso más hacia el autoritarismo», agrega la analista. No obstante, de momento, el país centroamericano parece conducirse a una jornada electoral sin sorpresas, que podría renovar una nueva era para el ‘bukelismo’.
