(30 de enero del 2024. El Venezolano).- Venezuela rechazó este martes «el grosero e indebido chantaje y ultimátum manifestado por el Gobierno de EE.UU.», en el que se establece un plazo para que las autoridades judiciales del país suramericano adopten medidas consistentes con la interpretación de Washington de los Acuerdos de Barbados, suscritos el pasado octubre con el ala radical de la oposición.
«Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos«, reza parte del mensaje publicado en X por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en respuesta a la amenaza de reimponer sanciones a partir del próximo abril anunciada por el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
La funcionaria también advirtió que de concretarse la tentativa estadounidense, la Administración de Nicolás Maduro adoptará como contramedida someter «a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente», frente a lo que calificó un «deliberado intento de golpear a la industria del petróleo y gas venezolano».
Ultimátum para»imponer el golpismo»
Posteriormente, la Cancillería venezolana publicó un comunicado de repudio a «los más recientes intentos de injerencia e intromisión, por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América», según se lee el documento que difundió el canciller Yván Gil en su cuenta de X.
En el texto se caracterizan estas acciones como «un ultimátum contra todo el pueblo de Venezuela», que a través de amenazas y coerciones, «busca imponer el golpismo, desconocer las instituciones de la República, aplicar nuevas medidas coercitivas (sanciones) y desestabilizar la economía venezolana y el bienestar de su pueblo», por medio del «intervencionismo neocolonialista».
«Venezuela no cederá ante ningún chantaje. Sus instituciones continuarán cumpliendo con las leyes y la Constitución nacional, de acuerdo con el mandato recibido por el pueblo venezolano», se afirma en el texto, en el que también se subraya que el país «tomará todas las medidas» para garantizar «el curso de su crecimiento económico y desarrollo social».
¿Sanciones de regreso?
Este martes, el Departamento del Tesoro de EE.UU. informó que no renovará la licencia general que autorizaba ciertas operaciones a la estatal Petróleos de Venezuela por seis meses, que publicó tras la firma de los pactos en Bridgetown. La Casa Blanca aseguró que con estas acciones pretendía «apoyar la democracia» en la nación bolivariana.
La víspera, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una instancia dependiente del Tesoro estadounidense, anunció que el próximo 13 de febrero vencerá la licencia que le permitía a la estatal venezolana Minerven comerciar con oro.
Del mismo modo, la sede diplomática estadounidense para Venezuela –con sede en Bogotá, Colombia–, replicó en X declaraciones del portavoz presidencial John Kirby, quien dijo que las autoridades venezolanas tenían «hasta abril» para «permitir a los partidos y candidatos de la oposición participar adecuadamente y liberar a los presos políticos».
Mientras Kirby declaraba a los medios, también lo hacía Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y líder de la delegación gubernamental en los diálogos con la oposición radical y con EE.UU.
Sin aludir directamente las sanciones, el político advirtió que, «a estas alturas», la Administración de Joe Biden «debería saber» que a sus pares venezolanos no les «interesan sus intenciones de inmiscuirse en los asuntos que solo le competen a los venezolanos y a las venezolanas» y los invitó a ocuparse de los asuntos internos de su país.
