(04 de diciembre del 2023. El Venezolano).- El expresidente de Perú Pedro Castillo habló este lunes en una audiencia judicial celebrada casi un año después de su salida del poder, cuando fue removido por el Congreso de la República tras su intento de disolverlo, entre otras medidas controversiales enunciadas en un mensaje a la nación.
«El 7 de diciembre [de 2022] fui arrestado con el pretexto de haber cometido el delito de flagrancia, [pero] acá no hubo ninguna flagrancia«, ratificó Castillo en una audiencia pública del pleno del Tribunal Constitucional (TC), en la que se evalúa un ‘habeas corpus’ a favor del exmandatario.
En una breve intervención, Castillo también arremetió contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por estar investigada como «líder de una presunta organización criminal». A juicio del exmandatario, esa red se habría urdido junto a altos mandos de la policía y «ciertos grupos de congresistas» para atacar a su Gobierno.
Castillo consideró que la razón de esa componenda para deponerlo fueron sus raíces, ya que él es un maestro rural que llegó al poder con el voto de las zonas históricamente más deprimidas de Perú. «Porque no pertenezco a esta élite o no están de acuerdo con mis orígenes o mi procedencia», alegó.
En un hecho sin precedentes, Benavides supervisó la diligencia contra Castillo el 7 de diciembre pasado en la Prefectura de Lima, a pesar de que estaba a cargo de otras autoridades fiscales.
«Lejos de atender a otros problemas que tiene el Ministerio Público y otras autoridades, se han ensañado conmigo«, denunció Castillo.
Señalamiento a Boluarte
El magistrado Francisco Morales Saravia, presidente del TC, le preguntó directamente a Castillo si fue un golpe de Estado la acción que encabezó a finales del año pasado.
«El golpe ya vino preparado desde hace tiempo, del Congreso, de la Fiscalía, de los grupos de poder, cuando no dejaban gobernar«, contestó.
Sumado a esto, aseguró que su discurso fue un «mensaje de carácter político inejecutable» y reiteró que no dispuso tanquetas ni pretendía fugarse. «Nunca me levanté en armas», añadió.
En cambio, fustigó la actual Administración de su sucesora, Dina Boluarte, por las decenas de muertes en las protestas que se produjeron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Al respecto, sentenció que la actual gestión es «un Gobierno que se sostiene sobre cadáveres».
En ese sentido, solicitó que se declare nulo todo el procedimiento en su contra y los actos posteriores. «Pido, señores magistrados y señor presidente, dignifiquen ustedes a esta institución, a la máxima institución de la justicia peruana», instó.
Día de sesiones
A la par de la audiencia pública del TC, se llevó a cabo otra del Poder Judicial para también evaluar la revocatoria de la prisión preventiva contra el exmandatario por el presunto delito de rebelión.
Sin embargo, a los pocos minutos, el juez Juan Checkley Soria optó por una reprogramación «para que no se crucen» audiencias y así priorizar la del TC.
Mientras se espera la decisión del TC, la defensa de Castillo aseveró que «se ha violentado la investidura presidencial» y por eso adelantó que se interpondrá un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Contexto revuelto
Las críticas de Castillo a las instituciones del Estado peruano y, particularmente contra Benavides, se enmarcan en el escándalo develado por el caso ‘La fiscal y su cúpula del poder’.
La investigación apunta a que Benavides ofreció impunidad a varios parlamentarios a cambio de sus votos para lograr ciertos objetivos, como la destitución e inhabilitación de la ex fiscal suprema, Zoraida Ávalos.
El sábado pasado, bajo el lema de «que se vayan todos», se manifestaron aproximadamente 2.000 personas en el centro de Lima. Un grupo que llegó hasta la Fiscalía de la Nación para exigir la renuncia de Benavides y hasta el Congreso para demandar nuevas elecciones.
Desde que Castillo fue vacado y asumió el mando Boluarte, la mayoría de la población en Perú ha exigido un adelanto de comicios para renovar tanto el Ejecutivo como el Legislativo.
