(29 de junio del 2023. El Venezolano).- Ante las contravenciones constitucionales estipuladas en frases inertes de la “Constitución Bolivariana” sobre los derechos humanos, artículos 19 al 31, ambos inclusive, Título III Capítulo I por ejecuciones extrajudiciales, además de otras aberraciones, contra las garantías de los derechos humanos, tales como: libertad personal, derechos políticos, igualdad ante la ley, entre otros, la CPI ha decidido retomar la investigación motivada per se, por parte de su fiscalía en el caso “Venezuela I” sobre presuntos delitos de lesa humanidad ya que hay reparamientos de las víctimas que aúpan la continuidad indagatoria de la fiscalía CPI contra el Estado venezolano, por crímenes de lesa humanidad; observaciones sobre las que el régimen de NM contraataca mediante su habitual huida hacia adelante, a lo que aduce ahora:“ es una nueva seña que conforma una estrategia política emanada desde EEUU”, además de otras evasivas paranoicas y dilatorias en busca de ganar tiempo y fungir de víctima política ante un hemisferio observador de sus arbitrariedades tan manifiestas y frecuentes.
Pues, la represión brutal de las protestas durante 2017 dejó un saldo apreciable de personas fallecidas, heridos y presos plíticos, muestra ineludible de las crisis socioeconómica y sociopolítica que aún padece la nación venezolana agravada hoy día, por una dolarización de facto, lo que ha generado otra división de clase social: pudientes y no pudientes.
En efecto, tal decisión de la CPI impone presiones críticas sobremanera, al sistema político venezolano, tan desfasado y lerdo, el cual tendrá que demostrar su capacidad para adelantar investigaciones y enjuiciamientos genuinos in situ, todo lo cual tendría un impacto muy directo y decisivo sobre la FANB.
