(17 de marzo del 2025. El Venezolano).- Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Donald Trump ha dejado claro que su política migratoria será más agresiva que nunca. Para los venezolanos, la advertencia se ha convertido en una dolorosa realidad: la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), la aceleración de deportaciones masivas y el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 como herramienta de persecución.
Escrito por: Carlos Tablante
La reciente expulsión de venezolanos acusados—en su mayoría sin pruebas—de pertenecer al Tren de Aragua y su traslado exprés a El Salvador para ser encarcelados es solo el comienzo. Este abuso no solo viola una orden judicial federal que prohibía temporalmente estas deportaciones, sino que sienta un precedente alarmante: bajo la administración Trump, cualquier venezolano podría ser considerado una amenaza nacional y expulsado de EE.UU., sin importar su estatus migratorio o su historial legal.
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un instrumento legal obsoleto, permite al presidente arrestar, deportar y confiscar los bienes de ciudadanos de países considerados hostiles. Aunque fue creada en un contexto de guerra hace más de 200 años, hoy Trump la utiliza para justificar su ofensiva antiinmigrante.
Lo más preocupante es que esta ley no distingue entre delincuentes y ciudadanos comunes. Lo que hoy se aplica a supuestos miembros del Tren de Aragua, mañana puede extenderse a cualquier venezolano que Trump o su administración consideren enemigo.
Si la administración Trump realmente busca soluciones, debería dirigir su presión al verdadero responsable de esta crisis: Nicolás Maduro. Su régimen autoritario ha consolidado la dictadura del hambre y la corrupción, destruyendo el país y forzando la migración de millones de venezolanos.
Aunque recientemente, debido a las sanciones, EE.UU. canceló la licencia de Chevron en Venezuela, impactando su producción petrolera, la mayor presión de Trump no la está recibiendo Maduro, sino los más de 900 mil venezolanos que hoy viven en EE.UU. Desde su campaña, Trump ha insistido en vincular a la diáspora venezolana con la criminalidad, promoviendo el mito del Tren de Aragua como una gran amenaza en EE.UU.
Un ejemplo de esta desinformación fue la afirmación falsa de que la banda había tomado el control de edificios enteros en Colorado, desmentida por el propio alcalde republicano de Aurora. Sin embargo, en un clima de miedo y manipulación política, esta narrativa ha servido como excusa para endurecer aún más las políticas migratorias.
Como resultado, su administración ha implementado deportaciones exprés sin derecho a apelación, detenciones masivas de inmigrantes bajo cargos infundados de asociación criminal, suspensión del TPS dejando a miles de venezolanos en un limbo legal y amenazas de nuevas medidas como la confiscación de bienes de venezolanos en EE.UU.
Uno de los principios fundamentales del derecho es que la responsabilidad penal es personalísima e individual. Se debe identificar y juzgar a los delincuentes, no criminalizar a toda una comunidad.
Las deportaciones masivas y la aplicación de leyes como la de Enemigos Extranjeros violan el debido proceso, un derecho humano fundamental en cualquier democracia. No se puede justificar la persecución colectiva basándose en la conducta de unos pocos.
Más allá de las deportaciones, la Ley de Enemigos Extranjeros permite al gobierno confiscar propiedades y activos de ciudadanos considerados hostiles. Esto significa que empresarios venezolanos, propietarios de viviendas, cuentas bancarias y negocios en EE.UU. podrían perderlo todo si la administración decide ampliar su aplicación.
La historia ha demostrado los peligros de este tipo de medidas. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de ciudadanos japoneses y alemanes residentes en EE.UU. fueron despojados de sus propiedades y enviados a campos de concentración, simplemente por su nacionalidad.
Si Trump intensifica su política anti-venezolana, ¿quién garantiza que no ocurrirá algo similar? Si la situación escala, EE.UU. podría declarar a Venezuela un país enemigo, lo que activaría aún más disposiciones de la Ley de Enemigos Extranjeros. Esto implicaría cierre de cuentas bancarias de venezolanos en EE.UU., prohibición del envío de remesas, cancelación de visas y restricciones para ingresar al país.
En este sentido, una reciente nota de The New York Times asegura que el gobierno de EE.UU. estudia prohibir la entrada al país de ciudadanos de 43 países, entre ellos Venezuela.
El caso del Tren de Aragua es solo el primer paso en una estrategia más amplia de criminalización de los migrantes venezolanos. Lo que comenzó como una ofensiva contra un grupo delictivo cuyos crímenes, si bien reales, han sido exagerados ahora se ha convertido en una justificación para medidas extremas contra toda la diáspora.
Lo que hoy se presenta como un esfuerzo por combatir la criminalidad, mañana puede significar la expulsión de miles de familias trabajadoras, la confiscación de bienes y la restricción total de derechos para los venezolanos en EE.UU.
La diáspora venezolana ha demostrado ser trabajadora y resiliente. Sin embargo, la administración Trump está decidida a convertirla en el nuevo chivo expiatorio de su política migratoria, utilizando leyes obsoletas y una narrativa manipulada para justificar medidas injustas y arbitrarias.
El peligro de la Ley de Enemigos Extranjeros es claro hoy se usa contra supuestos miembros del Tren de Aragua, pero mañana puede ser aplicada contra cualquier venezolano.
La comunidad venezolana en EE.UU. no puede quedarse de brazos cruzados. Es momento de dejar atrás el miedo y defender sus legítimos derechos. Callar solo permitirá que la persecución avance sin resistencia.
Parafraseando el poema de Martin Niemöller sobre la indiferencia ante la injusticia:
Primero vinieron por los indocumentados, y no dije nada, porque yo no era indocumentado.
Luego vinieron por los inmigrantes, y no dije nada, porque yo no era inmigrante.
Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí.
Debemos evitar que por culpa de unos pocos, nos criminalicen a todos.
