(10 de septiembre del 2024. El Venezolano).- El Senado de México comenzó este martes la sesión en donde se prevé que debata la controvertida reforma judicial promovida por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de manifestaciones opositoras y un clima de incertidumbre por el resultado de la votación.
La sesión estuvo antecedida por una intensa polémica sobre la mayoría calificada que se requiere para aprobar el proyecto, ya que las reformas constitucionales necesitan contar, por lo menos, con 86 de los 128 votos que están en juego en la Cámara de Senadores.
La bancada oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados cuentan con 85 escaños, lo que implica que les bastaría convencer a un senador más para lograr que la iniciativa se apruebe, lo que parecía díficil ya que los 43 legisladores de la oposición advirtieron que votarían en contra.
Sin embargo, la tensión política se intensificó luego de que el oficialista presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmara, con base en una comunicación publicada el 16 de junio de 2020, que bastan 85 votos para avalar las reformas constitucionales. Ello implicaría que el Gobierno no necesita conseguir votos «extra».
A la pelea por los números se sumó el intenso rumor de que en las próximas horas el senador Miguel Ángel Yúnez renunciará al Partido Acción Nacional (PAN), se sumará a Morena y le garantizará al Gobierno el voto que le falta para aprobar la última gran reforma legislativa de López Obrador, quien el próximo 1 de octubre le entregará la banda presidencial a su sucesora, Claudia Sheinbaum.
Los escándalos continuaron durante la sesión, ya que el senador Clemente Castañeda (Movimiento Ciudadano) denunció que su compañero de bancada, Daniel Barrera, había sido detenido ilegalmente por órdenes de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores (Morena) para evitar que acuda a votar en contra de la reforma judicial.
«Le exigimos que haga una pausa en esta sesión, que declare receso hasta que no tengamos plena garantía de que nuestro compañero está en libertad, en pleno goce de sus derechos políticos porque además tiene inmunidad y fuero constitucional (…) que casualidad que el dia de hoy que tenemos una votación trascendental para el futuro de la nación se quiera silenciar a la mala», denunció entre gritos.
La senadora Guadalupe Murguía apoyó la moción con duras acusaciones. «Condenamos enérgicamente las amenazas, la extorsión, las presiones que han sufrido senadoras y senadores de la oposición para no estar en esta sesión o para cambiar el sentido de su voto. Es algo inadmisible», afirmó.
Apuro
La iniciativa ha tenido un tratamiento parlamentario exprés, ya que el pasado 4 de septiembre, apenas tres días después de que iniciara la nueva Legislatura de mayoría oficialista, la Cámara de Diputados debatió la reforma durante 11 horas.
Los diputados tuvieron que sesionar en una sede alterna, debido a que el parlamento fue bloqueado por colectivos opositores que intensificaron las protestas y que apoyaron la huelga inédita que llevan a cabo trabajadores, jueces y ministros de la Suprema Corte.
Después de aprobar la reforma con 359 votos a favor y 135 en contra, la Cámara de Diputados la envió al Senado, en donde el domingo fue avalada por las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
Luego se acordó la sesión plenaria que comenzó este martes y que se prevé será maratónica y culminará el miércoles con la esperada votación.
Si el Senado también aprueba esta norma que aspira a modificar por completo el modelo de justicia en México, ya solo bastará que la ratifiquen 17 de los 32 congresos estatales que hay en este país para que pueda entrar en vigor.
¿Qué cambia?
La reforma judicial propone seleccionar a los ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados a través del voto popular, en elecciones que se llevarían a cabo en 2025, así como la disminución de su duración en el cargo de estos funcionarios. Además, bajo los principios de ‘austeridad republicana’, pretende poner un alto a los «gastos excesivos y onerosos» del Poder Judicial.
También contempla que los salarios de los integrantes del máximo tribunal constitucional, jueces y magistrados se vinculen al del presidente de la República y se reduzcan sus prestaciones. Además, aspira a que los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, sean también electos por voto popular.
Otros de sus artículos crean un tribunal disciplinario judicial que ya no estará conformado por el ministro presidente de la Suprema Corte, como sucede en la actualidad.
Desde que se presentó en febrero pasado, la iniciativa generó rechazo entre la oposición y miembros del Poder Judicial. Es una reforma constitucional que, bajo la perspectiva de la oposición, barras de abogados y organizaciones no gubernamentales, pretende socavar la independencia de las autoridades judiciales y, en paralelo, eliminar todos los contrapesos del Gobierno.
Por el contrario, López Obrador y los defensores de la reforma insisten en que servirá para terminar con la corrupción y los privilegios del Poder Judicial.
