(11 de diciembre del 2020. El Venezolano).- El régimen cubano vuelve a tomar medidas severas al seguir arrestando a disidentes pacíficos. Esta vez, la medida involucró el despliegue de oficiales vestidos con batas médicas bajo el falso pretexto de las restricciones a raíz del COVID-19. Este es un claro recordatorio del cinismo del régimen y evidencia hasta dónde llegarán para acabar y censurar la protesta pacífica.
La represión se produce cuando el régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel enfrenta una mayor presión por parte del pueblo cubano, que exige que se respeten sus derechos a la libertad de expresión y otras libertades básicas.
A medida que la situación en Cuba empeora, una administración de Joe Biden enfrentaría una decisión crítica sobre cómo será su política hacia la isla. ¿Será que Biden apoyará a los disidentes y continuará las reformas claves de la administración Trump? No olvidemos que estas acciones han paralizado financieramente al régimen y priorizado las demandas del pueblo cubano. ¿O, volvería Biden a la fallida política de la administración Obama de recompensar a Castro y Díaz-Canel limitando las sanciones y brindándole legitimidad política al régimen por sus décadas de comportamiento represivo?
Si Biden volviera a comprometerse con las mismas políticas de la era de Obama, sabemos demasiado bien quién sufriría las consecuencias: aquellos que buscan una Cuba libre y democrática. Eso incluye a los disidentes, los presos políticos, los artistas y los activistas de la isla. En lugar de darles la espalda, es fundamental que los líderes de EEUU apoyen a esos valientes cubanos que se enfrentan a un brutal régimen comunista.
Ya sabemos cómo responde el régimen cubano cuando cree que la ayuda puede estar en camino.
En la actualidad, la dictadura se ha movido agresivamente para censurar a los artistas y los medios independientes, incluyendo los ataques continuos contra los miembros del Movimiento San Isidro. Serán más los cubanos inocentes que pagarán el precio si volvemos a una política unilateral hacia Cuba y le brindamos un salvavidas al régimen dictatorial de Raúl Castro.
Esto incluye a Las Damas de Blanco, un grupo de valientes mujeres que reclaman pacíficamente la liberación de los presos políticos y a quienes el Senado de EEUU honró en una resolución bipartidista este año. Y también a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), cuyo líder José Daniel Ferrer ha enfrentado múltiples arrestos injustificados y acusaciones arbitrarias como un intento para silenciar a su organización e integrantes.
También incluye al Movimiento de Liberación Cristiana (MLC) y el Proyecto Varela, con el objetivo de promover la democracia en la isla invocando un artículo de la Constitución cubana que le permite al pueblo recolectar firmas e introducir legislación. En mi caso, como legislador, sigo comprometido en luchar para poder cambiar el nombre de la calle frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C. en honor al fundador del MLC, el difunto Oswaldo Payá.
Cualquier gobierno de EEUU, especialmente uno liderado por Joe Biden, debe dejar explícitamente claro que comprende la desastrosa decisión que lideró el presidente Barack Obama de haber accedido a la liberación e indulto del espía condenado por el régimen por el asesinato de un residente de EEUU y a tres ciudadanos americanos, miembros de la organización humanitaria Hermanos al Rescate.
Además, deben condenar el terrible precedente que estableció la ex embajadora de EEUU ante la ONU, Samantha Power, cuando decidió abstenerse, por primera vez en la historia, sobre el embargo impuesto al régimen. Una administración de Biden debería restablecer el programa de “parole” a los profesionales y médicos cubanos, el cual fue cancelado por la administración de Obama.
Al contrario, una política más responsable hacia Cuba seguiría los pasos del presidente Donald Trump y promovería políticas destinadas a proteger los derechos fundamentales de los cubanos. En los próximos años, eso significará especialmente trabajar para promover el acceso al internet en la isla, para que los cubanos estén mejor conectados con fuentes de información independientes.
También implicaría el compromiso de garantizar la compensación de los estadounidenses a quienes el régimen corrupto de los Castro les expropió sus propiedades injustamente. La formulación responsable de las políticas, también será el asegurarse que los países que actualmente están involucrados en actividades que constituyen la trata de personas de profesionales de la salud cubanos contraten directamente y compensen plenamente a estos individuos, así como también cumplan con todas las normas y protocolos laborales bajo la ley internacional.
La autoridad con la que el régimen cubano sigue aferrado hoy es insostenible a largo plazo. Sus miembros lo saben. La generación antigua del Partido Comunista está desapareciendo y sus sucesores enfrentarán problemas importantes porque el pueblo cubano no aceptará su actual comportamiento represivo.
La política hacia Cuba de la próxima administración será una prueba para demostrar cómo realmente priorizan los “valores” hacia la política exterior de EEUU. El destino de Cuba le pertenece únicamente al pueblo cubano, pero el rol de nuestro país en ayudar a mejorar las vidas del pueblo cubano no puede volver a repetir el comportamiento que existía bajo la administración Obama.
Marco Rubio es el presidente interino del Comité de Inteligencia del Senado, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental y senador federal por el estado de la Florida.
Con información de El Nuevo Herald
