(16 de septiembre del 2024. El Venezolano).- Las autoridades venezolanas informaron el pasado sábado sobre la captura de dos ciudadanos de origen español y tres estadounidenses, que estarían involucrados en un plan magnicida contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del Gobierno venezolano.
En una rueda de prensa, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, dio a conocer que los españoles Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en la ciudad de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, estarían «vinculados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)» de ese país.
Martínez Adasme y Basoa Valdovinos, refirió Cabello, fueron encontrados «tomando fotos», en medio de una «situación irregular«, en las inmediaciones del Aeropuerto Nacional Cacique Aramare, en Puerto Ayacucho.
¿Qué se les encontró?
Al ser capturados, se hallaron en sus teléfonos vínculos con María Teresa Clavijo, dirigente del partido derechista Vente Venezuela, que según las investigaciones estaría detrás de la instrumentalización de personas para generar hechos de violencia tras las elecciones del pasado 28 de julio.
Del mismo modo, tendrían vínculos con el exdiputado Yorman Enrique Barillas, prófugo de la Justicia venezolana, y con Jhexica Aponte, aprehendida en la ciudad de Upata, en el vecino estado Bolívar, por su participación activa en estos ataques para desconocer la reelección del presidente, Nicolás Maduro.
El titular de Relaciones Interiores aseveró que en las conversaciones telefónicas de los ciudadanos españoles había mensajes en los que preguntaban dónde comprar explosivos y cómo «contactar grupos que quisieran hacer algún trabajo especial». Además, allí estaría la planificación del asesinato de Yulisbeth García, alcaldesa chavista del municipio Piar, cuya capital es Upata.
Las investigaciones también habrían detectado presuntos vínculos con los detenidos Américo de Grazia —exdiputado que ya fue investigado en 2019 por su presunta participación en planes desestabilizadores contra Maduro— y Carlos Chancellor, exalcalde del municipio Sifontes, en Bolívar.
«Sabemos que van a decir que no»
Cabello manifestó que los ciudadanos españoles tienen «vínculos con el Centro Nacional de inteligencia de España«. «Sabemos que van a a decir que no, que es mentira», adelantó, con referencia a la reacción de las autoridades del país europeo que ha sido referida por la prensa, sin que haya aún confirmación oficial.
Según Público, el Ministerio de Asuntos Exteriores demanda a las autoridades venezolanas «información oficial y verificada» sobre las detenciones y cuáles son los cargos que se les imputan a Martínez Adasme y Basoa Valdovinos.
«Estos señores de origen español están detenidos, están rindiendo declaración, informando sus teléfonos y la tarea que venían a hacer en Venezuela», dijo Cabello. Así, añadió que ambos dicen que «son parte de un contingente de mercenarios que el Gobierno español, a través de su Central de Inteligencia, está llamando para atacar a nuestro país».
Según fuentes de la cancillería española que recoge Público, Asuntos Exteriores niega que esté involucrado en planes desestabilizadores contra Maduro y sostiene que los capturados no integran el CNI. «España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela», dice la declaración atribuida a la Cancillería española.
Sobre el escenario venidero, Cabello advirtió: «España verá qué hace, si sigue metiéndose en los asuntos internos de Venezuela o rectifica, ojalá lo hiciera a tiempo».
Tensiones poselectorales
La semana pasada, Gobierno de Venezuela llamó «a consultas» a su embajadora en España, Gladys Gutiérrez, como protesta por las «injerencistas y groseras declaraciones» proferidas por la ministra de Defensa del país europeo, Margarita Robles, quien tildó al Gobierno de Maduro de «dictadura».
Previamente, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, solicitó ante el pleno del Parlamento la aprobación de una resolución para instar al Ejecutivo a romper «todas las relaciones» con España, luego de que el Congreso de los Diputados del país europeo aprobara una proposición no de ley para reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como «presidente electo» del país suramericano.
España acogió en calidad de asilo al excandidato, quien recibió un salvoconducto de las autoridades venezolanas para abandonar el país, en medio de una investigación en su contra por varios delitos como usurpación de la función pública y conspiración. Su caso, según la Fiscalía, fue cerrado.
