(25 de marzo del 2021. El Venezolano).- El 12 de junio de 2020, el Sr. Alex Saab, un Enviado Especial de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Demandante”) fue detenido por Cabo Verde mientras realizaba una Misión Especial humanitaria para comprar alimentos básicos y medicinas a Irán. Cabo Verde alegó que al no haber sido notificado con antelación de que el Demandante era un pasajero del avión que hizo una parada técnica de reabastecimiento de combustible, no estaba obligado a respetar la Convención de Misiones Especiales de las Naciones Unidas de 1969. Venezuela ha resaltado que, dado el estado de las relaciones entre Venezuela y EE. UU. y el hecho de que el Demandante viajaba de Venezuela a Irán, la Misión Especial era necesariamente secreta y, en cualquier caso, Venezuela invocó su inmunidad pocas horas después de su detención en la madrugada del 13 de junio de 2020.
Al no poder justificar la detención y el arresto del Demandante , este acudió al Tribunal de la CEDEAO para que se aplicaran sus derechos humanos a la dignidad, la libertad, la audiencia imparcial y la libertad de circulación garantizados por los artículos 5, 6, 7 y 12 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, respectivamente. Mientras el caso estaba pendiente en el Tribunal, la República Bolivariana también nombró al Demandante su Representante Permanente Alterno en la Unión Africana el 24 de diciembre de 2020. En la sentencia unánime dictada el 15 de marzo de 2021, el Tribunal de la CEDEAO declaró que la detención del demandante era ilegal porque en el momento de su detención no se había publicado una notificación roja de INTERPOL ni una orden de detención contra él, y que fuera liberado inmediatamente. Tras constatar que la notificación roja no se publicó (a petición de Estados Unidos) hasta el día siguiente a la detención del demandante, el 13 de junio de 2021 el Tribunal de la CEDEAO continuó diciendo que, como consecuencia de la detención ilegal, todo el proceso de extradición iniciado a petición de Estados Unidos era también ilegal y debía concluirse inmediatamente, y condenó a Cabo Verde a pagar 200.000 dólares estadounidenses de indemnización.
CABO VERDE OBLIGADO POR EL PROTOCOLO SUPLEMENTARIO
La República de Cabo Verde se ha negado a cumplir la decisión del Tribunal de la CEDEAO alegando que no ha firmado el Protocolo Suplementario del Tribunal. Esta conducta despectiva ha sido avalada por el Tribunal Supremo de Cabo Verde, que supuestamente ha ratificado la solicitud de Estados Unidos de extradición del Embajador Saab. Se trata de una violación del artículo 5(3) del Tratado revisado, que establece que “cada Estado miembro se compromete a cumplir las obligaciones que le incumben de conformidad con el presente Tratado y a acatar las decisiones y reglamentos de la Comunidad”, así como del artículo 15(4), el cual establece que “las sentencias del Tribunal de Justicia serán vinculantes para los Estados miembros, las instituciones de la Comunidad y las personas físicas y jurídicas”. El lenguaje del Protocolo Suplementario del Tribunal de la CEDEAO, sin embargo, es preciso y claro. El artículo 11(2) del mismo establece que: “El presente Protocolo Suplementario entrará definitivamente en vigor cuando sea ratificado por al menos nueve (9) Estados signatarios…”. En este caso, 14 de los 15 Estados miembros de la CEDEAO firmaron el Protocolo. Por consiguiente, el Protocolo Suplementario entró en vigor a partir del 19 de enero de 2005.
Al justificar su decisión, el Tribunal Supremo dijo que el artículo 210 de la Constitución de Cabo Verde “no puede dejar de interpretarse en el sentido de que el reconocimiento por parte del Estado de Cabo Verde de la administración de justicia realizada por estos tribunales presupone el consentimiento del Estado de Cabo Verde, no solo a la creación o existencia del Tribunal, sino también a las respectivas normas de jurisdicción y procedimiento”. Aducimos que el Tribunal Supremo de Cabo Verde cayó en un grave error de derecho al responder sobre el artículo 210 de la Constitución, ya que la disposición reconoce la justicia administrada por tribunales como el Tribunal de la CEDEAO instituida a través de tratados internacionales de los que Cabo Verde es parte. En una jugada desesperada por socavar la decisión del Tribunal de la CEDEAO, el Tribunal Supremo dijo que como “el Estado de Cabo Verde ni siquiera ha firmado el Protocolo de 2005, no hay base para que se le considere vinculado a dicho instrumento y, por tanto, a las decisiones del Tribunal de Justicia dictadas conforme a las competencias que le confiere dicho instrumento del que no es parte”.
Con todo respeto, el Tribunal Supremo se negó deliberadamente a aplicar la doctrina del estoppel (impedimento) a los hechos de este caso, lo que habría demostrado, más allá de cualquier atisbo de duda, que Cabo Verde ha demostrado su compromiso de estar vinculado a las disposiciones del Protocolo Suplementario del Tribunal de la CEDEAO. Sostenemos que en el derecho internacional público, la doctrina del estoppel protege las expectativas legítimas de los Estados inducidas por la conducta de otro Estado. El término proviene del derecho consuetudinario y del derecho angloamericano, sin ser idéntico a las diferentes formas que se encuentran en el derecho nacional. Se apoya en la protección de la buena fe (bona fide) en las tradiciones del derecho civil. A pesar de las diferentes percepciones y definiciones en la doctrina y la práctica, las características y los componentes esenciales del estoppel en el derecho internacional público son generalmente aceptados en la actualidad. Tal y como se describe comúnmente, “el estoppel es una norma de derecho internacional que impide a una parte retractarse de sus declaraciones anteriores cuando estas han inducido confianza o algún perjuicio a terceros”. Según el profesor Ian Brownlie en su libro “Principles of Public International Law, [séptima edición, Oxford University Press, 2008]”, el estoppel es un principio general del derecho internacional que se basa en los principios de buena fe y coherencia. Los elementos esenciales del estoppel son:
1. Una declaración de hecho que es clara e inequívoca,2. Esta declaración debe ser voluntaria, incondicional y autorizada; y3. Debe haber confianza de buena fe en la declaración, ya sea en detrimento de la parte que confía en la declaración o en beneficio de la parte que la realiza.
Al comentar la ratificación del Protocolo Suplementario por parte de la conducta de Cabo Verde el Tribunal Supremo dijo que su conclusión “no queda desvirtuada por el hecho de que el Estado de Cabo Verde haya designado Jueces que tenían o tienen asiento en dicho Tribunal, ni siquiera por el hecho de que el Presidente de su Tribunal Supremo sea inherentemente miembro del Consejo de Justicia de la Comunidad, en la medida en que ese país forma parte del Tribunal, cuyo protocolo inicial fue firmado por el jefe de su gobierno, y sigue siendo cierto que no hay pruebas de que se haya negado a aceptar los compromisos, sino solo los que resultan de esa firma”. Pero más allá de la designación de los candidatos a jueces del Tribunal de la CEDEAO, la República de Cabo Verde participó en los debates de los órganos pertinentes de la CEDEAO que llevaron a la ampliación del mandato del Tribunal de la CEDEAO para conocer y resolver casos de derechos humanos.
Concretamente, Cabo Verde participó en la reunión del Consejo de Ministros que recomendó el Protocolo Suplementario para su aprobación por la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO. Además, la 28ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO, celebrada en Accra el 19 de enero de 2005, en la que se aprobó el Protocolo Suplementario, contó con la participación de los dirigentes de todos los Estados miembros de la CEDEAO, incluido el Sr. José Maria Pereira Neves, entonces Primer Ministro de la República de Cabo Verde. En la Cumbre, los dirigentes resolvieron por unanimidad, entre otras cosas, lo siguiente:“Se indicó que el Protocolo sobre el Tribunal de Justicia de la CEDEAO no dotaba al Tribunal Superior de la Comunidad de los poderes adecuados para contribuir suficientemente a la aceleración del proceso de integración regional. En consecuencia, la Autoridad modificó dicho protocolo.
El protocolo modificado permite al Tribunal resolver las disputas derivadas de la interpretación y aplicación de las leyes complementarias adjuntas al Tratado, las decisiones, los reglamentos y las directivas de las instituciones comunitarias pertinentes. La modificación permite a las personas físicas y jurídicas recurrir al Tribunal. La enmienda también establece un procedimiento para la ejecución de las decisiones del Tribunal y para garantizar su cumplimiento”. Ver el Comunicado Final de la 28ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO, celebrada en Accra el 19 de enero de 2005).
Hay constancia que Gambia fue el único Estado miembro de la CEDEAO que propuso ciertas enmiendas al Protocolo Suplementario en septiembre de 2009. En la enmienda, Gambia pretendía que se estableciera una división de apelaciones del Tribunal de la CEDEAO y que se agotaran los recursos internos antes de iniciar los casos de las víctimas de abusos contra los derechos humanos. Las enmiendas fueron rechazadas por todos los Estados miembros de la CEDEAO, incluido Cabo Verde. Desde entonces, Cabo Verde ha participado activamente en los debates que han conducido a la reestructuración del Tribunal. De hecho, en ningún momento de los once años transcurridos desde la firma del Protocolo, Cabo Verde ha planteado ninguna preocupación sobre el carácter vinculante del Protocolo Suplementario. Por lo tanto, parece que esta es la primera, y hasta la fecha, la única ocasión en la que Cabo Verde ha sentido la necesidad de cuestionar el carácter vinculante del Protocolo con el fin de perpetrar la detención ilegal de Alex Saab.
Como se ha indicado anteriormente, la exministra de justicia de Cabo Verde, la Honorable Jueza Januária Tavares Silva Moreira Costa (“Jueza Costa”) fue uno de los 3 miembros del panel del Tribunal que deliberó y dictaminó sobre el asunto entre el Sr. Alex Saab y Cabo Verde. De hecho, la Jueza tuvo el honor de leer la sentencia final el 15 de marzo de 2021. Antes de la Jueza Costa, el Juez Benfeito Mosso Ramos (“Juez Ramos”) fue panelista y vicepresidente del Tribunal de 2009 a 2014. Actualmente, el Juez Ramos es juez asesor del Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde. El Juez Ramos es miembro del Consejo Judicial del Tribunal de la CEDEAO, departamento que se encarga de la contratación y la disciplina de los jueces del Tribunal, y antes de él la jueza Fátima Coronel había desempeñado la misma función.
RENUNCIA A LA INMUNIDAD SOBERANA
El equipo de defensa de Alex Saab ha planteado la opinión de que, aparte de participar en los procesos judiciales del Tribunal en el caso del Demandante, Cabo Verde ha seguido obteniendo el máximo beneficio de la existencia del Tribunal de la CEDEAO. En este sentido, la defensa argumenta que Cabo Verde está obligado a cumplir la sentencia y las órdenes del Tribunal de la CEDEAO del 15 de marzo de 2020, en contra de la impresión engañosa expresada por las autoridades ejecutivas y judiciales de Cabo Verde. La defensa hace a continuación las siguientes observaciones que demuestran el sometimiento de Cabo Verde a la jurisdicción del Tribunal de la CEDEAO:1. Cabo Verde reconoció la jurisdicción del Tribunal de la CEDEAO al participar plenamente en el proceso mediante la presencia y la conducta de su representante legal, el Dr. Henrique Borges. Cabo Verde ejerció voluntariamente su derecho a participar en el proceso, presentó alegaciones y fue oído por el Tribunal.2. Es importante reiterar que las objeciones de Cabo Verde a la jurisdicción del Tribunal de la CEDEAO fueron escuchadas y rechazadas por el Tribunal. Este enfoque es un elemento del derecho internacional consuetudinario denominado “forum prorogatum” y está consagrado, por ejemplo, en el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.3. Mientras resolvía la solicitud de medidas cautelares el 2 de diciembre de 2020, el Tribunal de la CEDEAO había ordenado que se retirara al Demandante de la custodia de la cárcel y se le pusiera en arresto domiciliario debido a su condición. ¡Tras un primer desafío a la orden, el Fiscal General de Cabo Verde consiguió que el Tribunal Constitucional ordenara el arresto domiciliario del Demandante!
Habiéndose sometido a la jurisdicción del Tribunal de la CEDEAO y habiendo participado en los procesos judiciales del Tribunal de la CEDEAO en el caso, la República de Cabo Verde no puede cambiar para reclamar la inmunidad soberana. En el caso African Reinsurance Corporation c. Abate Fantaye (1986) LPELR-SC.1/1986, el Tribunal Supremo de Nigeria sostuvo que: “Ahora bien, la norma básica en el derecho consuetudinario en cuanto a la jurisdicción de los tribunales ingleses sobre los soberanos o estados soberanos era que un soberano extranjero o un estado extranjero soberano era inmune a la jurisdicción de los tribunales; aunque los tribunales asumirían la jurisdicción si el estado soberano se sometiera a su jurisdicción. Por lo tanto, se deduce que se puede renunciar a la inmunidad soberana o diplomática”. En el presente caso, Cabo Verde se sometió a la jurisdicción del Tribunal de la CEDEAO. Por lo tanto, al someterse a la jurisdicción del Tribunal de la CEDEAO, Cabo Verde decidió, por iniciativa propia, renunciar a su inmunidad soberana. Sostenemos que Cabo Verde no puede cambiar para impugnar la competencia del Tribunal o cuestionar la sentencia válida y sustitutiva del Tribunal. A pesar de que Cabo Verde no ha firmado el Protocolo Suplementario, afirmamos que está vinculado por la sentencia del Tribunal de la CEDEAO en el caso de Alex Saab contra la República de Cabo Verde.
NO HAY UN TRATADO BILATERAL ENTRE CABO VERDE Y ESTADOS UNIDOS
Al confirmar la autorización judicial para la extradición del Apelante a los Estados Unidos, los jueces del Tribunal Supremo no advirtieron el hecho de que no existe ningún tratado bilateral entre Cabo Verde y los Estados Unidos que justifique la solicitud de extradición. La detención del Demandante basándose en una solicitud de extradición de los Estados Unidos es ilegal en todos los aspectos materiales. Es trillado en el derecho internacional que toda solicitud de extradición tiene que estar afianzada en la propia legislación aplicable y en un texto especializado. Ver Nicholls Montgomery y Knowles, The Law of Extradition and Mutual Assistance (3ª ed., Oxford: Oxford University Press, 2013). Sin duda, tanto Cabo Verde como los Estados Unidos de América son partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Pero tras la ratificación de la Convención, el Senado de los Estados Unidos resolvió que “Para los Estados Unidos, la Convención no proporcionará una base jurídica independiente para la extradición, que seguirá basándose en el derecho interno de los Estados Unidos y en los tratados bilaterales aplicables”. Ver https://www.govinfo.gov/co ntent/ pkg/CRPT-109erpt4 /html/ CRPT-109erpt.htm.
Se aduce que los Estados Unidos están jurídicamente obligados al declarar públicamente [mediante declaraciones oficiales] que “el Convenio no proporcionará una base jurídica independiente para la extradición”, ya que esto refleja su intención de aplicar en todos los casos su derecho nacional y los tratados bilaterales aplicables. Ver, para esta proposición, el caso Pruebas nucleares (Australia c. France), Informes de la CIJ (1974), 253, en 267-71. Ya que no existe un tratado de extradición entre los Estados Unidos y Cabo Verde, la solicitud de extradición del Demandante a los Estados Unidos queda excluida por motivo de su intención expresa de basarse en la Convención a modo de sustituto de un tratado bilateral de extradición. En otras palabras, los Estados Unidos ya no pueden basarse en la Convención, después de haber manifestado expresamente su intención de no utilizar la Convención como sustituto de un tratado bilateral de extradición. Ver el laudo arbitral del Rey de España, Informes de la CIJ (1960), 192 en 213.
En el Fiscal General de la Federación c. Kinglsey Edegbe (Demanda n.º FHC/ABJ/CS/ 907/2012) se solicitó la extradición del demandado ante el Tribunal Superior Federal de Abuja a petición de las autoridades de los Países Bajos en relación con el delito de tráfico de personas. El demandante sostuvo que, aunque no existe un tratado bilateral de extradición entre Nigeria y los Países Bajos, los delitos por los que se solicita la entrega del demandado están previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo, que Nigeria ha ratificado, y que ello constituye la base jurídica de la solicitud de extradición. Al denegar la concesión de la solicitud de extradición, el tribunal sostuvo que un acuerdo de extradición debe nacionalizarse, de conformidad con el artículo 12 (1) de la Constitución de 1999 y el artículo 1(1) de la Ley de Extradición, antes de que las disposiciones de extradición del tratado puedan ser invocadas en Nigeria.
Puesto que los EE. UU. no concederán ninguna solicitud de extradición sin someterla a su legislación nacional, no puede permitirse solicitar al gobierno de Cabo Verde la extradición del Demandante sobre la base de las disposiciones de la Convención de la ONU, en contra de su intención expresa. Al elegir el marco legal que se aplicará, los EE. UU. están actuando en contra de su intención expresa y claramente de mala fe. Permitir que EE. UU. se salga con la suya socavará gravemente la integridad del derecho internacional y el estado de derecho, y equivale a una farsa. En vista de la decisión de los Estados Unidos de someter la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada a su derecho nacional, es indudable que la extradición del Demandante no puede basarse en la misma Convención. En otras palabras, ya que no existe un tratado de extradición entre los Estados Unidos y Cabo Verde, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional no puede constituir la base de la extradición legal del Demandante.
INMUNIDAD DIPLOMÁTICA RETROACTIVA
Curiosamente, el Tribunal Supremo se negó a reconocer jurídicamente el nombramiento del Demandante como Embajador Alterno de Venezuela en la Unión Africana con efecto a partir del 24 de diciembre de 2020. El Tribunal sabía o debía saber que la doctrina de la inmunidad diplomática retroactiva se aplica a las supuestas causas penales que involucran al diplomático. Se ha sostenido en varios casos que la inmunidad diplomática adquirida durante la duración de un proceso destruye la jurisdicción, incluso si la demanda se inició válidamente antes de que se aplicara la inmunidad. En el caso Abdulaziz c. Condado Metropolitano de Dade, 741 F.2d 1328 (11º Circ. 1984), la cuestión era si un certificado de condición diplomática concedido después del inicio de una juicio apoya la desestimación de este basada en la inmunidad diplomática, y si una concesión de condición diplomática es revisable por este Tribunal. El Tribunal sostuvo que una vez que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha certificado regularmente a un visitante de este país como poseedor de condición diplomática, los tribunales están obligados a aceptar esa determinación, y que la inmunidad diplomática que se deriva de esa condición sirve como defensa para los juicios ya iniciados. Ver Estados Unidos c. Knobrsgadr, 15 F. SUPP. 3d 388 (S.D.N.Y. 2014).
Sabiendo perfectamente que no podía cuestionar la condición diplomática del Demandante a pesar de que los presuntos delitos que lo involucran fueron cometidos antes de su nombramiento el diciembre pasado, el Tribunal Supremo decidió comportarse como Poncio Pilatos. Por lo tanto, al llegar a una conclusión predeterminada, el Tribunal se negó a pronunciarse sobre la condición del enviado al sostener que “lo que se ha dicho no significa una imposibilidad práctica y definitiva de que se reconozca al Demandante esa condición pretendida de enviado especial por la persona legítima, en las fases posteriores del proceso de extradición, con consecuencias decisivas en el resultado del mismo”. Por consiguiente, al pedir a la “persona legítima” que determine el destino del Demandante , el Tribunal Supremo abdicó de su responsabilidad judicial. Dado que el nombramiento del Demandante en calidad de diplomático ha anulado la solicitud de Estados Unidos para su extradición, la República de Cabo Verde debería cumplir la orden del Tribunal de la CEDEAO dejándole en libertad sin más retraso.
La CEDEAO ha expresado en repetidas ocasiones su compromiso con los derechos humanos y el estado de derecho. Ese compromiso se ve gravemente amenazado, ya que Cabo Verde sigue actuando con desprecio hacia la CEDEAO y su tribunal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad en Abuja. La Autoridad de la CEDEAO debe hacer frente a las tácticas abusivas de Cabo Verde. La CEDEAO y sus Estados miembros no pueden mantenerse al margen mientras Cabo Verde no respeta sus compromisos voluntarios en materia de derechos humanos y el estado de derecho.
