(04 de octubre del 2019. El Venezolano).- El representante del líder opositor venezolano Juan Guaidó ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro, solicitó este 4 de octubre que la ONU envíe una comisión de trabajo que investigue las “detenciones arbitrarias” que, sostiene, cometen las autoridades en Venezuela.
“Solicitamos que sea enviada una comisión del Grupo de Trabajo para que realice una visita oficial al país y constate la grave situación en cuanto a detenciones arbitrarias y privativas de libertad que hoy sufre Venezuela”, indicó Pizarro en una carta que publicó en sus redes sociales.
Pizarro, un diputado venezolano que salió al exilio luego de que en mayo se le abrió un proceso judicial por supuestos delitos como “traición a la patria”, fue designado en septiembre como comisionado para la ONU por el líder del Parlamento, Juan Guaidó, a quién más de 50 países reconocen como presidente encargado de Venezuela, informó EFE.
En el comunicado, el legislador se refirió en especial al caso del diputado Juan Requesens, en prisión hace más de un año bajo acusación de formar parte de un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
Según Pizarro, a Requesens no se le ha respetado la inmunidad parlamentaria y el debido proceso.
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Requesens y “miles de venezolanos”, afirmó Pizarro, han sufrido “la represión y violación sistemáticas de derechos humanos como política de Estado”.
“Requesens ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos, entre las que se incluyen los tratos crueles e inhumanos a su salud física mientras se encuentra en custodia del Estado”, indicó, por lo cual considera que el diputado “debe salir en libertad inmediatamente”, además de concederle “el derecho a indemnización”.
En este sentido, Pizarro aplaude la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de remitir el caso del diputado Requesens a un relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles.
La situación de los derechos humanos en Venezuela está bajo la lupa de Naciones Unidas después de que en julio pasado la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentara un informe en que el denunció, entre otros crímenes, más de 6.000 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas desde enero de 2018.
Bachelet recomendó la investigación de las violaciones de derechos humanos y la liberación de presos políticos, entre otras exigencias.
