(27 de junio del 2024. El Venezolano).- Lamentablemente, existe sobre este caso tratado en Delaware un influjo de vías ejecutivas que lo hacen proclive a su desmembración de Pdvsa en virtud de las alianzas financieras que se consolidan por una parte, y por la otra, un fallo del juez de la Corte de Delaware, quien abrió brecha para la recepción de ofertas y obvió o denegó la argumentación del gobierno venezolano; caso en el que cerca de unos 18 acreedores internacionales, entre grandes y medianas empresas, que demandan por cerca de unos USD 21300 millardos por concepto de expropiaciones compulsivas; efecto de un ultranacionalismo enfermizo, durante la administración de Hugo Chávez; años 2007-2012. Por otro lado, y siempre bajo los mismos criterios erróneos y confusos, en 2016 Nicolás Maduro decidió entregar casi un ciento por ciento de las acciones de Citgo en garantía a objeto de recibir préstamos de la petrolera rusa Rosneft, sin la aprobación de una A N que controlaba la oposición liderada por el diputado Juan Guaidó; luego, presidente interino. Y, en 2017, Venezuela entró en default y las calificadoras de riesgo alertaron sobre su ineptitud para honrar su deuda externa, y en 2019 Crystalex embargó a Citgo en desagravio a las deudas acumuladas de la empresa por expropiación del yacimiento de oro Las Cristinas, que estaba siendo operado en el contexto de un tratado dual de protección de inversiones. Pero, durante 2019 Crystallex tras diversas victorias judiciales previas embarga a Citgo en compensación a cuenta o causa de las deudas acumuladas a dicha empresa. Pero, en 4/2016 Crytallex ya había obtenido un laudo favorable de un tribunal de arbitraje de CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) con fundamento en el Tratado de Protección de Inversión vigente entre Venezuela y Canadá. Luego, Crystallex logró que los tribunales federales de EEUU reconocieran el laudo. Las partes llegaron a un acuerdo que Venezuela incumplió; por lo cual Crystallex solicitó la ejecución forzosa del Laudo CIADI ante los tribunales de los EUA.
Por: Isaías Márquez
Asimismo, entre 2018-2019 hubo decisiones de relevancia porque se establece, en primer lugar, que Pdvsa es un alter ego de la República y, por tanto, responde por aquella. Y, en razón de esta doctrina, los acreedores de la nación, tales como bonistas, titulares de sentencias o laudos condenatorios y empresas expropiadas, entre otros, podrían cobrar directamente, sus acreencias a Pdvsa. De ahí, el riesgo tan alto e inminente de perderse.
En efecto, reiteramos, las expropiaciones por estatización y la deuda están pasando una factura gruesa y agresiva.
Viene a colación la actitud camorrera del presidente extinto con los capitales internacionales, que, por adopción una filosofía castrocubana infeliz, propició varios frentes judiciales y, en consecuencia, una ruma de demandas y deudas. No obstante, en 2016 Maduro resolvió entregar un ciento por ciento de las acciones de Citgo como garantía a fin de recibir préstamos de Rosneft y de los accionistas de los denominados bonos PDVSA 2020, sin aprobación de la A N, entonces de mayoría opositora.
Y, en 2017 Venezuela entra en default técnico y formaliza su insolvencia, lo cual complicó más aún su panorama crítico, ya en proceso gradual y a Crystallex la adquirió junto con el litigio un fondo buitre, a lo que se añadió una estrategia desarrollada en contra de los tenedores de bonos que fue muy hostil, en lugar de negociar con estos.
Consecuentemente, otro acreedor ha incoado un juicio contra Pdvsa por cerca de unos USD1500 millardos ante un tribunal estatal de Texas. Asimismo, un tribunal de Delaware subasta acciones de PDV Holding para satisfacer demandas que montan alrededor de unos USD21300 millardos por expropiaciones o apropiaciones indebidas por parte de Venezuela, durante el lapso 2007-2012.
No obstante, según aseveraciones (¿?) del ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez en relación con la fecha de la subasta de Citgo, el tema pareciera haber tomado un cariz político por rivalidades inconfesas en torno a la candidatura de González Urrutia.
