(26 de julio del 2022. El Venezolano).- El próximo gobierno de Colombia debe priorizar el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las bandas criminales, dijo el martes un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en momentos en que el aumento de la violencia devasta las comunidades rurales.
La violencia en Colombia se redujo drásticamente tras el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero los grupos armados ilegales y las bandas criminales han ampliado su presencia en los últimos dos años, según el informe.
“La respuesta predominantemente militar del Estado no ha logrado detener la expansión de los grupos, y la limitada presencia de instituciones civiles exacerba la situación”, dijo la OACNUDH en un comunicado que acompaña al informe.
Se espera que abordar la violencia y lidiar con la presencia de grupos armados sea una prioridad para Gustavo Petro, el economista de 62 años que el 7 de agosto se convertirá en el primer presidente de izquierda en el segundo país más poblado de América del Sur.
La OACNUDH dijo que verificó los asesinatos de 100 líderes comunitarios en Colombia en 2021 y ha recibido informes de 114 asesinatos de este tipo en la primera mitad de este año, de los cuales ha verificado 22.
El gobierno del presidente saliente, Iván Duque, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el informe, reportó Reuters.
Además de implementar el acuerdo de paz de 2016, Petro debe disminuir y desmantelar las estructuras armadas ilegales, que incluyen grupos disidentes de las FARC que rechazan el acuerdo y bandas de narcotraficantes, así como consolidar la presencia estatal en las zonas más afectadas por la violencia, recomienda el informe. .
Petro se ha comprometido a implementar plenamente el acuerdo de paz de Colombia de 2016 con la guerrilla desmovilizada de las FARC y ha propuesto conversaciones con el grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos criminales vinculados al narcotráfico.
Las principales bandas criminales de Colombia, que están vinculadas a la producción y el tráfico de cocaína, propusieron la semana pasada un alto el fuego al gobierno de Petro como punto de partida para las conversaciones de paz.
El Estado debe proteger a la población de la violencia de una manera que respete el derecho internacional de los derechos humanos, dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el comunicado.
«El enfoque del gobierno entrante en la paz y la implementación regional del acuerdo de paz es un enfoque sólido que mi oficina apoya», dijo Bachelet.
