(06 de julio del 2022. El Venezolano).- En la última década, más de medio millón de personas fueron víctimas de estupro en Brasil. Solo en 2021 hubo más de 66.000 casos, según datos del Anuario de Seguridad Pública de 2022, difundidos por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP).
Las estadísticas confirman que el machismo arraigado en la sociedad brasileña. La gran mayoría de las víctimas que denunciaron esos delitos en 2021 eran mujeres: más de 52.000. Además, un dato cruel y chocante: 37.000 de ellas —más del 70 por ciento— estaban en la categoría de «vulnerables», que comprende a personas consideradas incapaces de consentir el acto sexual, e incluye a menores de 14 años.
De las víctimas de estupro en Brasil en 2021, un 61,2 por ciento tenían de 0 a 13 años, y nueve de cada diez víctimas tenían un máximo de 29 años cuando sufrieron violencia sexual.
Las estadísticas también revelan cómo la violencia sexual y doméstica forma parte de la vida cotidiana en ese país: en el caso de las violaciones de personas vulnerables, casi un 80 por ciento de estas fueron cometidas por conocidos de las niñas (padres, padrastros, abuelos, hermanos, amigos y vecinos).
Se necesita educación sexual y prevención
En el estado de Santa Catarina, una niña de 10 años fue violada y se le impidió hacerse un aborto legal. Luego de una recomendación del Ministerio Público Federal del Hospital Universitario de Florianópolis, la niña, ahora de 11 años, logró que se le realizara un aborto, cerca de la semana 29 de gestación. Otro caso es el de la actriz Klara Castanho, de 21 años, que fue violada, descubrió la gestación tardíamente y decidió dar el bebé en adopción.
«Si la violación de niñas es frecuente, tenemos que hablar de educación y prevención. Es muy importante que nuestra sociedad comience a ver que en Brasil esta violencia es mayor contra las niñas y adolescentes que contra las mujeres. Por supuesto, cuando profundizamos en este tema de la violencia sexual, sabemos que la violencia contra las mujeres deriva de esa violencia contra las niñas», dice a DW Luciana Temer, presidenta del Instituto Liberta y profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (PUC-SP). «Estamos tratando los síntomas, pero no la causa. La causa está ahí, en la educación que se da en Brasil a los niños y niñas».
La interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación o riesgo de la vida de la madre es ley en Brasil, pero el movimiento feminista exige una legalización más amplia, reportó DW.
El aborto es legal, pero el estigma persiste
«El sexo o las relaciones sexuales con un menor de 14 años es siempre un delito, aunque sea consentido. Siempre es violación», dice a DW Ana Cifal, coordinadora jurídica del Instituto Alana, que promueve el derecho integral de los menores. Y señala que la violación de una persona vulnerable está prevista en el artículo 217 del Código Penal de Brasil.
Desde 2009, la violación de una persona vulnerable se define como «tener relaciones sexuales o realizar otro acto lascivo con una persona menor de 14 años», con una pena de prisión de 8 a 15 años. El artículo 128 del Código Penal es explícito sobre la legalidad del aborto en caso de embarazo por violación y riesgo para la vida de la gestante, y allí no se determina el período de gestación, el aborto se puede realizar en cualquier momento, aunque cuanto antes se lleva a cabo, menor es el riesgo para la niña, explica.
Una encuesta realizada por Folha de S. Paulo, con datos de consultas del Sistema Único de Salud (SUS) para 2021, mostró que por cada aborto legal en niñas de 10 a 14 años, el SUS brinda 11 consultas de emergencia por abortos espontáneos o complicaciones resultantes de abortos inducidos iniciados fuera del ámbito hospitalario, incluso cuando la ley permite la interrupción del embarazo.
«Las niñas no pueden ser revictimizadas», dice Cifal, en referencia a la práctica de realizar entrevistas y careos con preguntas sobre lo ocurrido, que pueden generar vergüenza y agravar la situación de las víctimas. «La ley de Escucha Especializada existe para que no se sumen nuevas violencias», subraya. Esa ley permite capacitar a los servidores públicos para que se respeten los derechos de las víctimas.
