(22 de febrero del 2022. El Venezolano).- El pasado 14 de febrero, el alcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima, anunció la realización de matrimonios entre personas del mismo sexo en la jurisdicción. De inmediato, el debate sobre la legalidad y moralidad de la medida invadió las redes sociales y la cotidianidad del anzoatiguense.
Aunque la Constitución y el Código Civil venezolano sólo reconocen el matrimonio entre un hombre y una mujer, abogados y activistas de la comunidad LGTBIQ+ argumentan que no es necesario hacer un cambio en la carta magna para declarar su legalidad. Atribuyen a la falta de voluntad política y el carácter militarista del Gobierno nacional, el que Venezuela acompañe a Perú y Paraguay, como los únicos países de Suramérica en no legislar sobre la materia.
«¿Ese alcalde se volvió loco?», «¿por qué en El Tigre se anuncia una medida como esa?». Esas interrogantes y muchas otras, incluyendo las de carácter moral, surgieron tras el anuncio de Paraqueima en sus redes sociales. Sin embargo, para la diputada a la Asamblea Nacional de 2015, activista por los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales y las categorías denominadas LGTBIQ+, Tamara Adrián, la medida no es descabellada.
Adrián, primera diputada transgénero en la historia del Parlamento nacional, asegura que una medida como la de Paraqueima, fue la chispa que generó el debate, y posterior aprobación, del matrimonio igualitario en 80% de Latinoamérica.
En países como Argentina, Ecuador, Chile y Costa Rica, alguien, sea un juez u otro funcionario, se atrevió a realizar la unión de dos personas del mismo sexo como si fuesen un matrimonio común y dejó la mesa servida para el debate y su posterior aprobación. Hoy vemos como casi todo el continente ha reconocido los matrimonios igualitarios», dice.
Desigualdad
Para Adrián, un Estado que niega igualdad a parte de su población es un país injusto. En el ámbito social crea un sistema injusto en materia de Derechos Humanos. Al revertir esto, recalca, las minorías adquieren dignidad y hacen al país más digno.
Si se dice que todos somos iguales ante la ley, pero no somos iguales, entonces tenemos un problema. Venezuela fue el primer país en abolir la esclavitud. Estuvo entre los primeros en permitir el voto de la mujer, en conceder derechos a las parejas no casadas. En cada uno de esos aspectos hubo extremistas que se opusieron. Pero no pasó nada, unos ganaron más derechos y los que ya los tenían los siguieron conservando», analizó.
Tras el debate por la medida, el discurso de Paraqueima sobre las uniones cambió en un lapso de tres días. De considerarse como matrimonio, se transformaron a la celebración de un contrato. Para acceder a esta modalidad, los interesados tendrán que pagar entre 300 y 400 dólares a la municipalidad.
En una entrevista a un medio de la localidad, la máxima autoridad civil de Simón Rodríguez, sostuvo que «El Tigre no es una ciudad aislada del resto del país». En ese sentido admitió que «tenemos una sola y única Constitución. La Constitución expresa claramente que el matrimonio es de un solo hombre y una sola mujer».
Religión y ley
Además de los obstáculos legales que esgrime la Asamblea Nacional para debatir sobre el matrimonio igualitario, Adrián afirma que la influencia de personas practicantes de la religión evangélica en la estructura del Estado ha sido también un factor para darle largas a ese tema y otros.
Adrián pone como ejemplo su caso. La abogada nació como Tomás Adrián y tras su proceso de transición de hombre a mujer, en 2004 introdujo un recurso ante la Sala Constitucional del TSJ. En su demanda exigió el reconocimiento de su identidad de género. Han pasado 18 años desde que introdujo este recurso y aún no obtiene decisión.
En Venezuela hay una fuerte presencia de practicantes del evangelio en instituciones como el CNE, Asamblea Nacional y Fiscalía. En lo que va de año se han cometido 12 crímenes de odio y ninguno ha sido resuelto. El parlamento aprueba leyes exprés, como la Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras. Pero no se legisla en materia de derechos de las minorías”, afirmó.
Para la también profesora universitaria, si el alcalde Ernesto Paraqueima tiene «la voluntad de ir más allá«, puede efectuar el matrimonio sin ningún inconveniente.
No es necesario modificar la Constitución en este tema. Aquí habría un tema de conflicto intraconstitucional. Hay un choque de normas. Sí, todos somos iguales ante la ley, pero no somos iguales, como te dije antes, tenemos un problema. Aquí si el alcalde registra el matrimonio no hay vuelta atrás», añadió.
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