(10 de octubre del 2020. El Venezolano).- Considerada la forma y condiciones acerca de cómo se discutió (¿?) el proyecto de ley de ese instrumento dizque “constitucional” aprobado por
una ANC espúrea como la que pretende, hoy por hoy, mediante un bodrio
supraconstitucional conferir poder a NMM para suscribir contratos al
margen de la CRBV sobre base petrolera con empresas nacionales o
extranjeras, solo aspira “ganar control” para desfalco y/o saqueo de la
nación venezolana, en detrimento del fisco nacional por lo que también
podríamos considerarla como una “ley promafia”, ya que permite al
ejecutivo disponer de los bienes nacionales (minería, principalmente) sin
controles formales (a la cañona) con la excusa de contrarrestar, mitigar y
reducir de manera efectiva los “efectos nocivos” que ha generado la
imposición de sanciones por EUU contra Venezuela, las cuales adeberían
reformularse, ahora mismo o Venezuela pierde todos sus recursos por una
cesión inescrupulosa de los mismos a Turquía, China, Cuba y Rusia, pues
faculta al presidente de la República para que efectúe modificaciones en la
propiedad de empresas conjuntas entre capital privado y PDVSA sin
obligación de especificar porcentajes de participación de esta en tales
alianzas. Absurdo, inaudito, y de suspicacia extrema, quizá por
confabulación de intereses, que la Ley Atibloqueo otorgue carácter de
“reservado, confidencial o de divulgación limitada” a los documentos que el
Ejecutivo considere oportunos, según srtículo Nº 35 del texto.
Asimismo, quizá por tratarse de un traje a talla presidencial, tampoco fue
discutida de acuerdo con las formalidades de los artículos 207-211 CRBV.
Así, precariamente, será enviada al TSJ que, sin recelo alguno, emitirá un
fallo de constitucionalidad de la misma.
