(23 de junio del 2021. El Venezolano).- La ciudad y el municipio constituyen, después de la familia, la primera comunidad a la que la persona humana se vincula en su condición de ser social. Es la ciudad su centro de relacionamiento en las diversas facetas que la naturaleza le ha prodigado.
Ya desde los tiempos de los griegos reconocemos a la ciudad como el centro a donde convergen las diversas manifestaciones del hombre. Es el Ágora el sitio donde se fijan las normas para que esa diversidad pueda ordenarse y ser útil al todo. La naturaleza de “Zoon politikón” que caracteriza a la persona necesita un orden regulador, que encontró en la primera forma de asociación supra familiar conocida, la fuente de su emanación. Es la ciudad, entonces, una entidad milenaria, asiento de familias e individuos en la que transcurre la vida del hombre para lograr su plena realización.
Más allá de la especificidad de cada persona, más allá de la realidad de la familia, o de la más cercana vecindad. el crecimiento de la población y la extensión de los asentamientos humanos, se ha ido creando una compleja red de barrios, urbanizaciones, centros de servicios, comercio, recreación, cultura, deportes y demás manifestaciones humanas, que requieren de un centro de ordenación y coordinación: es el gobierno de la ciudad.
Esa complejización ha permitido la evolución al municipio, como entidad del gobierno local, y estos a su vez han creado mancomunidades o gobiernos metropolitanos que asumen la tarea de garantizar la gobernanza de esa realidad de la contemporaneidad que son las grandes ciudades y las megalópolis.
La gobernabilidad en occidente ha establecido, a partir de la instauración de la democracia como forma de vida y de gobierno, la autonomía para la gestión de los asuntos locales. La localización o descentralización es ahora un derecho de las ciudades y municipios que les permite ordenar y gobernar su vida de forma autónoma a los poderes nacionales y regionales, existentes.
Los temas más cercanos a la persona humana y a las familias tiene su ordenación y administración en el gobierno de la ciudad, es decir en el municipio. La seguridad local, la ordenación de los espacios urbanísticos, los servicios públicos, el comercio, los mercados, cementerios, áreas de recreación, entre otros, son materias atinentes a la vida local, y por consiguiente corresponde a sus autoridades su regulación y administración.
Las instancias nacionales y supranacionales deben asumir otros asuntos, precisamente aquellos que trascienden la vida local. Temas como política monetaria, comercial, seguridad global, comercio internacional, medio ambiente global y otros que abarcan contextos geográficos mucho más amplios que el de las ciudades.
En Venezuela vivimos un proceso en contrario. De la autonomía de la vida local, de la descentralización fruto de la democracia se busca pasar a la centralización absoluta de la vida ciudadana. El chavismo desde el primer momento mostró su rostro primitivo. Se propuso controlarlo todo, manejarlo todo, incluida la consciencia y la mente de las personas.
Como expresión de un autoritarismo requieren ese objetivo. Eso explica su empeño en importar una figura ajena a nuestra cultura y a nuestra tradición. El empecinamiento en crear las ciudades comunales, en impulsar las comunas como forma de organización social y territorial evidencia, no solo un desconocimiento de nuestra historia y nuestras tradiciones, sino más específicamente un afán por destruir el estado democrático desde sus cimientos para establecer la dictadura comunista donde se controle todo, desde el vértice hasta la más pequeña célula política: la comuna.
No importa para nada que se pierda el sentido de ciudad, que se pierda la capacidad de gobernar el conjunto de los asentamientos humanos, lo cual termina destruyendo la calidad de vida de los ciudadanos porque no habrá forma de atender los servicios que van más allá de la limitada esfera comunal. Se trata de un camino a la anarquización de las ciudades donde no habrá a quien exigir el manejo de la vida local, ni mucho menos una forma racional de conducirla. Es el enfermizo odio contra el orden construido a lo largo de la historia de la civilización. La deconstrucción de ese orden subyace en las retorcidas mentes de quienes en laboratorios anacrónicos promueven, en pleno siglo XXI, formulas fracasadas en nuestra civilización occidental.
A ello se agrega la implantación de la cultura autoritaria que termina convirtiendo a los agentes de las comunas en comisarios políticos dedicados a afianzar el control social y político, dejando de lado la gestión de los servicios atinentes a la vida local para privilegiar la vigilancia, instaurando el miedo y la represión. La decisión de la camarilla gobernante de implantar las ciudades comunales va en la dirección de incrementar el nivel de control político de la sociedad. Para nada se piensa en la calidad de la gestión pública para lograr el bien común. Lo importante es el poder. Controlar el poder controlando la vida de la persona, que termina reducido a un individuo al que se le indica desde lo que se come hasta lo que se hace en la cotidianidad.
La defensa del municipio es la defensa de la democracia y de la ciudadanía. Defender el municipio y la ciudad es una tarea a la cual no podemos renunciar. Más allá de todas las irregularidades y fraudes que han hecho de la vía electoral un camino tortuoso en Venezuela, debemos hacer el esfuerzo de no entregar las ciudades al militarismo marxista que nos oprime.
La ciudadanía debe tener en el municipio una firme participación para frenar el cáncer metastasico del autoritarismo que avanza, sin detenerse a considerar la tragedia humanitaria que ha generado. Ante las elecciones de alcaldes y concejos municipales previstos para el 21 de noviembre, el deber de los demócratas es presentar plataformas unitarias para elegir el mayor número de alcaldes posibles. Desafiando el abuso y el fraude, hay que plantar la lucha y levantar en cada municipio una trinchera para defender la ciudad y una vanguardia decidida a rescatar la democracia teniendo en cuenta que vamos a enfrentar un proceso de referéndum revocatorio para desalojar del poder a quienes se empeñan en seguir hundiendo el estado democrático descentralizado, al que se refiere el artículo 4 de la vigente constitución nacional, cuando dice: “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.”