(04 de mayo del 2022. El Venezolano).- Ha concluido, con la designación el martes 26 de abril de 20 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el proceso de “reforma del sistema de justicia”, anunciado en cadena nacional el lunes 21 de junio de 2021 por Nicolás Maduro. Para cumplir esa misión, Maduro encargó a su esposa, a Diosdado Cabello y a la señora Lourdes Suárez Anderson.
Escrito por Cesar Pérez Vivas
Una vez designado, el señor Cabello declaró: “Asumimos esta responsabilidad como un necesario estremecimiento del Poder Judicial. Ha mejorado sustancialmente, pero no lo necesario”. Ese era el verdadero fin de la comisión: “estremecer el Poder Judicial”, vale decir el Tribunal Supremo de Justicia.
La cúpula roja venía muy incómoda con los magistrados del máximo tribunal de la República. Varios de ellos ya no estaban tan sumisos a sus órdenes, razón por la cual era necesario prescindir de sus servicios. El proceso, no obstante, tomó diez meses para finiquitarlo. El saldo es desolador para el país y frustrante para sus promotores.
Desolador para la República porque no hay ningún cambio sustancial en la nueva conformación del tribunal. No se logró la independencia del mismo, tampoco se elevó su calidad científica y ética.
Por el contrario, para garantizar un control más eficiente, se redujo el número de magistrados que lo conforman. En 2004 se reformó la ley para elevar de 20 a 32 el número de sus integrantes. Ese fue el mecanismo que entonces Hugo Chávez impulsó para controlar las decisiones del máximo tribunal. Ahora se volvió a reformar la ley para resolver el “relajamiento de la disciplina” y garantizar un control más eficiente.
Más allá de las motivaciones de Nicolás Maduro, en el momento de constituir y anunciar la comisión, el proceso de selección y designación dejó claramente en evidencia las turbulencias existentes en el seno de la camarilla gobernante, respecto al control del poder judicial.
Pedro Carreño se encargó de informar al país de la “corrupción del sistema de justicia”. Textualmente expresó: “La corrupción que pulula allí, todo lo que está pasando dentro del sistema de justicia. ¿Dios mío, no van a hacer una rectificación? Ni la magistrada ni el presidente. Eso era puro logro. El Titanic hundiéndose y la orquesta sonando”.
La corrupción que carcome todo el sistema de justicia no va a resolverse con esta nueva conformación del TSJ. La frustración del país es tan dramática, que nadie puede hablar de un cambio. Estamos frente a unas designaciones gatopardianas, es decir, frente a unos cambios para que nada cambie. La justicia ha sido burlada.
Designaciones, además, hechas en abierta violación a la letra del artículo 264 de la Constitución que prohíbe la reelección de los magistrados. El texto de la citada norma es muy categórico, veamos:
«Artículo 264. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único período de doce años. La ley determinará el procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse candidatos o candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual hará la selección definitiva.
«Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, o ante la Asamblea Nacional.”
A pesar de ser extremadamente clara la anterior norma, la cúpula roja procedió a ordenar a sus diputados, en la oficialista Asamblea, la designación de varios magistrados que ya habían cumplido ese “periodo único” de doce años. Por supuesto que los llamados diputados opositores no recordaron esa norma, y sumaron sus votos a tan aberrante decisión.
La frustración de la cúpula roja se ve reflejada por no haber podido excluir a varios magistrados. El tiempo nos revelará las causas. Pero resulta suspicaz que después de las declaraciones de Pedro Carreño, hayan sido nuevamente designados, tanto el presidente del tribunal, Maikel Moreno, como varios de sus cercanos aliados. De modo que todo el discurso de Maduro el 21 de junio del año pasado (2021), anunciando la modificación de la justicia ha terminado en una pugna entre los factores de la camarilla roja, y para nada en la consecución de un Tribunal Supremo de Justicia verdaderamente independiente, equilibrado, sabio y confiable.
Todo ha sido una nueva farsa. Un nuevo engaño. No habrá ningún cambio en materia de restablecimiento del Estado de Derecho, de respeto a los derechos humanos ni de indefensión de los jueces. La justicia seguirá siendo una dependencia subalterna y obediente a los dictámenes de la camarilla gobernante.
Venezuela necesita un sistema de justicia independiente de los demás poderes, designado en cumplimiento de la norma constitucional, conformado por magistrados honorables y sabios. Para lograrlo es fundamental un cambio en Miraflores. Lograrlo es una tarea pendiente en la que debemos colocar nuestra mejor disposición y voluntad.
