(19 de mayo del 2019. El Venezolano).- No resulta superfluo recordar las claras amenazas a los jueces y fiscales que avanzaron en los procesos de corrupción que profirió Alberto Fernández, uno de los más notorios camaleones de nuestra política vernácula y virtual jefe de campaña de la ex-Presidente. Porque, si las sumamos a las confesas intenciones de modificar la Constitución para suprimir al Judicial como uno de los poderes del Estado, de expropiar o nacionalizar la banca y el comercio exterior, o de limitar la libertad de prensa, el fantasma de Venezuela se hará más presente en nuestras peores pesadillas.
Las óperas bufas que vimos esta semana –una de ellas fue la foto de la viuda en la sede del Partido Justicialista, en una reunión que ameritaba que la Policía Federal colorara un celular de culata y se llevara a todos los ladrones presentes- permiten afirmar, a un mes del cierre de las listas, que sólo serán favoritos para las elecciones de noviembre Cristina Kirchner y Mauricio Macri; los demás partidos podrán obtener algunas bancas legislativas –su real objetivo- pero, salvo que se produzca algún hecho hoy imprevisible, sus candidatos no participarán del ballotage.
Esos cisnes negros pueden llegar volando desde el exterior, de la mano de un incremento de las hostilidades comerciales entre Estados Unidos y China, de un posible conflicto bélico en el Golfo Pérsico que impida el tránsito normal del petróleo saudí o de cualquier otro episodio que altere aún más la economía mundial y modifique bruscamente las cotizaciones de las divisas o de los commodities.
Pero tampoco puede descartarse que, de producirse algo así, que pueda influir en forma determinante en el proceso eleccionario local, la preocupación de los Estados Unidos y del Brasil ante la probabilidad de un retorno populista a la Argentina, con una mandataria que daría su inmediato apoyo a los criminales regímenes de Nicolás Maduro, en Caracas, y de Miguel Díaz-Canel, en La Habana, y recibiría con los brazos abiertos a Rusia e Irán, pueda transformarse en una ayuda externa aún mayor para la débil economía nacional.
Al menos por el momento, a partir del 21 de este mes, Argentina verá a su segundo ex Presidente sentado en el banquillo de los acusados; y lo digo de ese modo porque, aunque me parezca altamente improbable, Cristina Fernández podría no presentarse, como es su obligación legal. En tal caso, el Tribunal nada podría hacer para obligarla, ya que cuenta con la protección del H° Aguantadero; debería, si la situación se diera, pedir su desafuero y el Senado sería quien lo decidiera.
Qué harían los legisladores del peronismo federal, que comanda Miguel Angel Pichetto, si eso ocurriera es la gran pregunta, que aún no obtiene respuestas; la tentación de entregarla debería ser enorme, pues su retiro de la competencia habilitaría a un candidato propio, de la multitud que hoy pretende encarnarlo en las urnas, a participar por el premio mayor nucleando a todo el “movimiento”.
El martes pasado, la escandalosa orden de la Corte Suprema –con la honrosa excepción de su Presidente- para que le fuera remitida la causa que la juzgará y, con ella, algunos de los más conspicuos cómplices que integraron la asociación ilícita que organizó y comandó con su marido muerto, contradijo su propia jurisprudencia, carecía de antecedentes y pretendía consagrar la impunidad de los imputados demorando sine die el comienzo del debate oral.
Una inédita reacción social –múltiples cacerolazos y casi 300.000 firmas en change.org- obligó a los cortesanos a tascar el freno y recular en chancletas (¡genial el tuit de Andrés Malamud: “Ganó Rosenkrantz 1 a 4”), y la prueba más clara de ello fue el melifluo comunicado que emitieron el jueves por la mañana, incluyendo dos casos jurisprudenciales en que había actuado del mismo modo aunque, presumo que sólo por razones de espacio, omitió consignar que en ambos ese pedido de remisión de la causa se había producido después de realizado el juicio, y no antes. De no haberse puesto de pie la ciudadanía, la suspensión del juicio se hubiera concretado y, así, se hubiera convertido en la nefasta frutilla de la torta de corrupción más grande que recuerde la Argentina.
Pero debemos estar atentos y vigilantes, porque nada es definitivo con esta Corte, que se ha reservado el derecho a intervenir más adelante y, por la vía de la aceptación de algún recurso, declarar la nulidad de todo el proceso. Si el ballotage coronara a Cristina, no quedan dudas de que su impunidad estará garantizada, ya que se cancelarán los juicios por obra y gracia de su “Justicia Legítima” y quedarán en libertad todos sus cómplices, funcionarios y empresarios, ahora detenidos o procesados.
Se habrá cumplido así nuestro destino final, ya que llevamos décadas fracasando en nuestros intentos de suicidarnos en masa; no lo hemos logrado hasta ahora porque, como dijo Georges Clemenceau, Canciller de Francia, después de visitar nuestro país en 1910, “Argentina crece gracias a que sus políticos dejan de robar cuando duermen”.
