(24 de marzo del 2020. El Venezolano).- El 13 de marzo Melquiades Ávila, un líder indígena y periodista en el remoto estado venezolano de Delta Amacuro, se preguntó en su popular cuenta de Facebook: “El hospital Razetti en Tucupita estará en capacidad técnica operativa para casos de coronavirus”?.
A principios de esa semana, cuando Venezuela confirmó sus primeras infecciones por el nuevo coronavirus, el Ministerio de Salud del presidente Nicolás Maduro incluyó en su sitio web al Hospital Luis Razetti, en Delta Amacuro, como uno de los 46 centros médicos “rectores” para recibir pacientes con COVID-19.
Ávila enumeró varias razones, todas confirmadas por Reuters en entrevistas con médicos en el hospital, por las cuales la afirmación del mandatario era falsa: la instalación no tiene monitores de presión arterial, jeringas o reactivos para diagnosticar el contagio por coronavirus.
“Parece un chiste”, escribió Ávila.
Un día después, Lizeta Hernández, gobernadora de Delta Amacuro y miembro del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pidió en una radio local el arresto de Ávila, acusándolo de “incitar al odio” y denunciándolo como “criminal”.
Ordenó a los militares de la zona que lo detuvieran “para que me le de una clase magistral de lo que significa la conciencia”.
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En un mensaje de voz enviado a Reuters, la gobernadora dijo esta semana que solo quería “orientar” a Ávila y asegurarse de que él fuera “serio y responsable” como periodista.
Se negó a responder preguntas sobre el hospital, su preparación o los conflictos anteriores con Ávila, quien durante años ha criticado la atención médica en ese estado.
Raquel Ruíz, la directora del hospital, negó que la instalación no esté preparada. Las autoridades estatales, agregó, están alistando un edificio cercano para tratar a pacientes con coronavirus.
La amenaza contra Ávila, quien ahora está escondido pero habló con Reuters por teléfono; constituye uno de al menos siete episodios recientes en los que las autoridades venezolanas han tratado de detener a quienes critican la preparación del gobierno contra el coronavirus, según entrevistas con tres acusados ??y abogados de otros cuatro.
Además de Ávila, la policía arrestó a un legislador de la oposición que tuiteó -correctamente, según los trabajadores de salud del centro médico- que otro hospital en la lista oficial no tiene agua corriente.
La policía también arrestó a un técnico médico retirado que en un video dijo que un hospital en el estado Monagas, al este del país, no estaba preparado.
Los funcionarios de los ministerios de Salud, Justicia e Información de Venezuela no respondieron a las solicitudes de Reuters para comentar las detenciones, las condiciones de los hospitales o la participación de la policía en la respuesta al coronavirus en el país.
Críticos y opositores dicen que incluso en circunstancias normales, la disidencia puede llevar al arresto, penas de prisión o algo peor en Venezuela, donde las agresivas políticas de seguridad han llevado a las democracias occidentales a sancionar al gobierno por abusos contra los derechos humanos.
Ahora, opositores sostienen que el coronavirus ofrece una nueva oportunidad para que Maduro tome enérgicas medidas.
En China, donde comenzó el brote actual, los esfuerzos del gobierno para anular los alertas tempranas sobre el virus pueden haber ayudado a que se propagara el contagio, han dicho expertos en salud pública. China niega que ocurrieran tales encubrimientos.
Los críticos de Maduro temen que lo mismo pueda suceder en Venezuela, donde la pobreza, el hambre y la escasez de suministros médicos básicos complican la atención médica, incluso antes de la pandemia.
“El gobierno quiere esconder la verdad”, dice Humberto Prado, quien encabeza una comisión de derechos humanos de los legisladores de la oposición. “Si hablas, te van a arrestar, y te van a intentar a silenciar”
Reuters
