(10 de octubre del 2020. El Venezolano).- Sin democracia no hay libertad de prensa, no se puede pensar una sin la otra. Y, a medida que la democracia se fue descomponiendo en Venezuela, lo mismo fue sucediendo con la libertad de expresión.
Los datos son abrumadores, todas las fuentes confiables – Reporteros Sin Fronteras, El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, la prestigiosa ONG Espacio Público, por ejemplo- arrojan un mismo escenario: uno en el que los periodistas son perseguidos por las fuerzas de seguridad, los órganos censores rastrean hasta las comas de lo que se opina en las redes sociales, los medios críticos pierden sus licencias, se quedan sin papel para imprimir o les roban sus equipos, los periodistas son encarcelados y torturados, muchos se ven forzados al exilio y la sociedad de un momento a otro se queda sin conexión a internet.
Así viven los venezolanos, en el oscurantismo informativo.
“La violencia contra los periodistas no tiene costo en Venezuela. Si un policía golpea a un periodista en la calle no vas a encontrar a ningún funcionario que lo condene o lo cuestione. Hay una tarea de intimidación permanente”, explica a Infobae Carlos Correa, presidente de Espacio Público, la ONG que promueve la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios. La organización, una referencia sobre el asunto en Venezuela, documenta los ataques a los periodistas y alerta sobra la situación a diario.
“Simplemente ya no existe libertad de prensa ni de expresión. El régimen, desde muy temprano en épocas de Chávez, se propuso tomar control de la opinión pública y de imponer sus narrativas”, asegura la líder opositora María Corina Machado.
Las víctimas preferidas del régimen son los medios críticos locales, pero también las grandes plataformas consolidadas mundialmente. Por ejemplo, hoy se cumplen seis años de que Infobae está censurado en Venezuela. El 10 de octubre de 2014 el régimen bloqueó el acceso al sitio en todo su territorio y desde entonces, hace 2.192 días, permanece vetado.
“El régimen no tolera la verdad, intentan callar toda voz que disienta o exprese inconformidad frente a la situación del país. Por eso amenazan a las academias, a los periodistas y a las organizaciones de la sociedad civil. Por eso atacan a medios como Infobae. Pero al final, esto no les ha funcionado para esconder su dictadura, existe un consenso, que se ha fortalecido con el informe de la ONU, sobre la naturaleza dictatorial del régimen de Maduro”, afirma Julio Borges, canciller del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó.
La situación es obscena. Entre 2014 y 2019, Venezuela cayó 32 puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras, ocupando el lugar 147 de 180 países. Según Espacio Público, sólo en septiembre de este año se registraron 49 violaciones a la libertad de expresión. Los casos documentados -explican- incluyen la intimidación, el hostigamiento judicial y las amenazas directas. La mayoría de las víctimas (un 48%) fueron periodistas.
En estos nueves meses del año, Venezuela acumula al menos 796 ataques a la libertad de prensa, la mayoría incluye detenciones de ciudadanos y periodistas en el contexto de manifestaciones contra el régimen.
“Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, se empeña en acallar la voz de la prensa independiente y sigue controlando la información. En repetidas ocasiones ha mencionado una guerra mediática para desacreditar a los medios de comunicación nacionales e internacionales que critican a su gobierno. Esto vuelve aún más tenso el clima en que deben trabajar los periodistas, que empezó a deteriorarse tras la crisis política y económica que comenzó en 2016”, denunció Reporteros Sin Frontera en su último documento sobre el tema.
Los mecanismos para silenciar
Durante las últimas décadas, el chavismo se ha servido de los recursos del Estado para imponer su voz. Primero recurrió a estrategias convencionales, como disponer de los recursos públicos -principalmente los de PDVSA, la petrolera estatal- para dar y comprar espacios en los medios de comunicación que se iban comprometiendo con su línea editorial.
Una vez que tuvo medios sumisos, fue por más y comenzó a comprar los medios más antiguos y grandes del país a través de testaferros. Los que se resistían, como Radio Caracas de Televisión, se toparon con la fuerza del régimen y fueron obligados a cerrar. “Hoy son cientos los medios impresos y radiales que han cerrado o les han arrebatado, expropiado y robado sus equipos. Y a medida que surgen nuevas formas de voces digitales, entonces el régimen incrementa la persecución y la represión. Persigue, apresa y tortura periodistas”, asegura Machado.
Cuando comprar los medios no fue suficiente, comenzó a limitarse la distribución de papel para los periódicos. Las restricciones de acceso a ese insumo básico para los diarios, justificadas en la falta de divisas, llevaron a que, con el cese de la edición impresa de El Nacional en 2018, ya no quede ningún diario en papel de alcance nacional no alineado con el chavismo.
Además, en Venezuela los periodistas y los medios sobreviven en un ecosistema dominado por el terror, donde la autocensura es una mecanismo de defensa habitual. “Aquí existe la ley de Responsabilidad en Radio y Televisión (Resorte) que establece responsabilidades para los intermediarios. Eso significa que el periodista tiene que corregir al entrevistado, entonces las radios que relativamente informan tienen que hacerlo bajo una presión muy fuerte. Hay una censura progresiva, cuando te llaman para una entrevista te advierten las cosas que no puedes decir, incluso hay personas que directamente no se pueden mencionar en los medios”, cuenta Correa.
Para Borges, detrás de este modelo de control comunicacional “está Cuba desde hace años, y ahora Irán”. Según afirma, la “Ley Resorte” que hay en Venezuela es una copia exacta de la Ley de Azote que hay en Cuba. “El sector telecomunicaciones es otro rostro de la perniciosa penetración cubana en Venezuela”, asegura.
En 2017, Maduro sumó otro método de censura: la ley contra el odio. Aprobada por unanimidad por la Asamblea Constituyente erigida para quitarle poder a la Asamblea Nacional con mayoría opositora, la norma fija penas de hasta 20 años de cárcel y otras sanciones como multas a empresas y medios electrónicos, proscripción de partidos políticos y clausura de medios de comunicación a quienes difundan mensajes de odio.
De acuerdo con Maduro, el propósito de la ley es “el reencuentro, la reunificación y la paz de todos los venezolanos”. No obstante, la ONG Espacio Público asegura que es una herramienta jurídica que busca “silenciar y castigar opiniones que resulten incómodas para el Estado”.
La CIDH también se pronunció y denunció que la ley que establece “sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, se contradice con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.
Correa explica que la censura actual en Venezuela sigue el mismo patrón que aplicaba Hugo Chávez, “pero Maduro no tiene su carisma y su elección fue muy ajustada, entonces intensificó la lógica de la represión”. Ahora, advierte, cada vez hay más detenciones por opiniones en redes sociales como Twitter pero se corre el límite día a día. “Este año hemos tenido detenidos por sus estados de WhatsApp”, revela el director de Espacio Público.
Cuando no se silencia a quienes dan la información, entonces van por los que quieren informarse. “Cortan en seco internet para evitar la difusión de las noticias. Es aterrador”, afirma Machado.
Es que bloquear internet, “apagar el país”, es la herramienta más frecuente del último año. De hecho, el Gobierno dejó sin conexión a todo el territorio venezolano en numerosas ocasiones, y en todas el objetivo fue evitar la difusión de una protesta en su contra, un discurso detractor o la sanción de una ley en el Parlamento.
Es que cuando la “hegemonía comunicacional” – como Borges califica al entramado de medios oficial- no alcanza, entonces optan porque no se difunda nada, ni lo chavista ni lo opositor.
Espacio Público, en su informe sobre 2019, revela que la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) fue la responsable del 25% de las “restricciones administrativas” (así le dicen a los bloqueos) registradas, lo cual la convierte en el principal victimario. En al menos 93 oportunidades, la empresa estatal implementó bloqueos de distintos tipos para evitar el ingreso de usuarios a determinados sitios y redes sociales como Youtube, SoundCluod, Twitter e Instagram. “En su mayoría, las medidas coincidieron con el desarrollo de movilizaciones opositoras o alocuciones del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó”, detalla la ONG.
Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el prólogo del informe de Espacio Público, denunció que “se consolida en Venezuela un patrón de restricciones severas en Internet, que parecen jalonar un camino hacia una web bajo control del gobierno de facto”. Y detalló que muchas veces recurren a órdenes directas del gobierno aplicadas a los prestadores del servicio de Internet para bloquear sitios web de medios periodísticos independientes, bajar cuentas de redes sociales o servicios de streaming, lo que es ejecutado por la proveedora pública de Internet (CANTV) e incluso por los del sector privado.
“El estado de la libertad de prensa en Venezuela es un esfuerzo de la gente por mantenerse informado tratando de vencer todos los escollos posibles para acceder a la información. Si quieres informarte, y ver los sitios que se bloquean como Infobae, tienes que tener VPN -un sistema de red virtual que permite acceder a páginas que estén prohibidas- es decir, hay que ser un usuario sofisticado”, dice casi resignado Correa.
En este contexto, las redes sociales y las cadenas de WhatsApp son casi la única alternativa de los venezolanos, pero allí -según denuncia Espacio Público- hay una participación “muy activa” de grupos gubernamentales que se dedican a desinformar de manera deliberada.
“Hay una persecución sistemática contra los medios independientes, contra las cableras y ahora contra las páginas web. Pero eso no es todo. Recientemente vimos en el informe de la ONU cómo se ha detenido a personas por sus mensajes en redes sociales. Una cosa absolutamente reprobable, nunca antes vista en nuestro país. Maduro, como todo dictador, no tolera ningún espacio donde se disienta, incluso dentro su propio régimen ha cerrado las puertas a cualquier crítica, por eso entre los presos políticos hay personas que en algún momento apoyaron a la dictadura”, explica el canciller de Guaidó. Machado agrega: “La censura ha ido progresivamente incrementándose desde el día uno y, por supuesto, Maduro la ha llevado a un nivel ya superior”.
“Los aparatos de propaganda coparon los canales de radio y televisión con un único mensaje disponible para la gente, y muchas veces se utilizan para descalificar a medios y periodistas, y eso los convierte en blancos de violencia”, advierte Correa.
La libertad de expresión es uno de los órganos vitales de las democracias. Un buen parámetro para identificar la voluntad seria de una transición en Venezuela llegará el día que los periodistas puedan informar, los medios difundir y el pueblo elegir qué plataforma quiere consumir.
