(20 de agosto del 2019. El Venezolano).- Reapertura total de la frontera, justicia para las víctimas de las deportaciones, desplazamientos forzosos y destrucción viviendas, de acuerdo a estadísticas oficiales de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Unerd), y del Registro Único de Damnificados (RUT) de Colombia, son las exigencias del exdiputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez.
A cuatro años del cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, ordenado por el mandatario Nicolás Maduro, el exdiputado a la Asamblea Nacional, Walter Márquez, pide justicia ante un hecho que, a su juicio, se ha convertido no solo en una de las más grandes violaciones de los Derechos Humanos, sino en un elemento de impunidad nacional e internacional.
“Fueron víctimas no sólo de la represión del gobierno de Nicolás Maduro sino de la impunidad en Venezuela, la impunidad en Colombia y en la Corte Penal Internacional”, dijo en un consulta realizada por El Estímulo.
Márquez, solicitó a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, una intervención urgente ante la grave violación a los derechos humanos en el caso.
Recordó que luego de las deportaciones forzosas en agosto de 2015, de al menos 1.500 ciudadanos colombianos, se investigó y consignó una denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público en el estado Táchira (oeste) que fue elevada al Ministerio Público nacional. El organismo desestimó todos los argumentos y lo envió a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quien en octubre de 2016 cerró esa investigación.
El exparlamentario resaltó que posteriormente se hizo la denuncia en Colombia en 2017, y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia también cerró la investigación alegando que Nicolás Maduro tenía inmunidad y privilegios como jefe de Estado. “Según el Estatuto de Roma de la CPI, se prohíbe este tipo de privilegios para quien cometa crímenes de lesa humanidad y existe plena jurisdicción en el vecino país para investigarlo”, dijo el defensor de los Derechos Humanos.
“La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, de manera negligente e irresponsable también desestimó los argumentos, por lo tanto un hecho que es público, notorio y comunicacional de las deportaciones forzosas como lo estableció una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, se convirtió en una gran impunidad nacional e internacional, por lo que al cumplirse estos cuatro años estamos exigiendo justicia y la reapertura de la frontera”, denunció.
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