(08 de diciembre del 2022.El Venezolano).- La Fiscalía de Perú ha confirmado este miércoles que ha detenido en Lima al ya expresidente peruano Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión tras anunciar que disolvía el Congreso, decretaba un gobierno de excepción y convocaba nuevas elecciones legislativas.
El Ministerio Público ha indicado que se acusa a Castillo, en su condición de presidente, de quebrantar el orden constitucional, de forma que ha anunciado que se dispone a iniciar diligencias en base a los artículos 346 y 349 del Código Penal, por rebelión y conspiración.
Así, la fiscal general, Patricia Benavides Vargas –junto al fiscal adjunto supremo, Marco Huamán Muñoz, del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales; y la fiscal superior Marita Barreto Rivera, perteneciente al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder– ha supervisado la detención del ya exmandatario.
Castillo se ha dirigido a la oficina de la Fiscalía en Lima junto a su familia y al exprimer ministro Aníbal Torres.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses procederá a realizar un reconocimiento médico legal sobre el estado de salud actual de Castillo, reza la misiva del Ministerio Público.
Horas antes, la fiscal general peruana expresó su rechazo al quebrantamiento del orden constitucional, anunciando la adopción de acciones legales.
«El peor peligro que afrontamos hoy como sociedad es la ‘normalización de la corrupción’ (…) es un peligro porque socava las bases mismas de la convivencia social y se constituye como un delito que afecta los derechos humanos», declaró, tal y como recoge la oficina del organismo.
Defensoría pide a la Fiscalía acciones penales por «Golpe de Estado»
La Defensoría del Pueblo ha solicitado a la Fiscalía de Perú iniciar acciones penales correspondientes contra el expresidente por «intento de golpe de Estado». «Corresponde que se le procese conforme a normas vigentes y con respeto al debido proceso», ha indicado el ente a través de sus redes sociales, reseñó Europa Press.
Además, la oficina ha comunicado que constata que se están respetando los procedimiento previstos en la ley en las condiciones de detención de Castillo.
«Nosotros advertimos la intención clarísima del expresidente Pedro Castillo de ir por la vía de un cierre inconstitucional del Congreso de Perú, lo cual es un golpe de Estado«, ha declarado la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, tal y como recoge la emisora RPP.
Revollar ha reiterado la apuesta por el diálogo y el orden democrático en el país. «Destacamos el rol de las Fuerzas Armadas en este contexto, por actuar conforme a la legalidad, además de la rápida actuación del Congreso por la vacancia presidencial», ha indicado.
«La democracia se debe proteger y salvaguardar», ha agregado la defensora del Pueblo instando al Estado y las organizaciones sociales a unirse para fortalecer las bases de las democracia, según ha declarado en la emisora Exitosa.
Asimismo, la Defensoría de Perú ha hecho un llamamiento a periodistas y ciudadanos a «no utilizar frases ni expresiones que lejos de contribuir a superar la crisis política promuevan la división y enfrentamiento entre peruanas y peruanos».
Es de recordar que Pedro Castillo, había anunciado este miércoles durante un discurso a la nación la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias horas antes de enfrentar su tercera moción de censura.
Castillo ha realizado el anuncio en un discurso a la nación en el que también ha precisado que habrá un toque de queda en el país desde las 22.00 horas (hora local) hasta las 4.00 de la mañana, según ha informado el diario ‘La República’.
«En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional», ha anunciado.
El mandatario peruano ha declarado también que todos aquellos ciudadanos que posean «armamento» ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en un plazo máximo de 72 horas. Además, ha agregado durante su discurso que se reorganizará el sistema de justicia, según ha informado el diario ‘El Comercio’.
