(30 de enero del 2023. El Venezolano).- El Gobierno de España va a proceder a reformar la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, después del goteo de rebajas de condenas a agresores sexuales que se ha venido produciendo desde su entrada en vigor, el 7 de octubre del año pasado.
La polémica se inició inmediatamente y desde entonces ha habido gran tensión en el seno del Gobierno entre el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero –de Unidas Podemos (UP)–, y la parte socialista del Gobierno. Mientras la formación morada era partidaria de no tocar la norma, el otro lado optaba por algún tipo de reforma.
Este lunes, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado la reforma «para evitar los efectos indeseados» que se han producido tras su aprobación, aunque ha asegurado que el consentimiento seguirá estando en el centro de la norma, que era la principal preocupación de Unidas Podemos.
Todavía no está claro como se llevará a cabo la modificación, aunque este lunes la Cadena Ser ha adelantado que el Ejecutivo maneja volver a las penas anteriores a la nueva norma, para los casos en los que haya violencia e intimidación.
«No podemos permitir que nuevamente en juicios con agresiones sexuales encima de la mesa se pregunte a las mujeres si se resistieron lo suficiente o cómo iban vestidas; por tanto, el consentimiento es nuclear tanto en la ley actual como en la modificación que hagamos», sostuvo Bolaños esta mañana, en declaraciones a los medios en Santander. Poco después, el Partido Socialista anunció que presentará una proposición legislativa en el Congreso para endurecer estas penas.
Desde Unidas Podemos siguen defendiendo que el problema no se encuentra en la norma, sino en una aplicación incorrecta que están realizando una minoría de jueces. Rechazan la vuelta a la valoración de la violencia y la intimidación, porque, según ellos, en ese caso se hace depender la pena de cuánta resistencia haya puesto la víctima.
Por el momento, UP ha propuesto un plan que contiene 10 medidas urgentes para desarrollar e implementar la nueva ley, centradas en la protección de las víctimas. Se plantea aumentar el número de juzgados exclusivos de violencia contra las mujeres, ampliar las competencias de la Fiscalía de delitos de violencia de género a aquellos contra la libertad sexual, la creación de un servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializado para atender a estas víctimas, o el aumento de agentes de Policía dedicados a la atención de las mujeres que sufren violencia, entre otras medidas.
Un goteo de rebajas irreversible
Desde que entró en vigor la nueva ley, hay alrededor de 20 presos que han sido excarcelados y aproximadamente 300 agresores sexuales que han visto reducida su condena.
Se trata de un proceso irreversible, ya que los condenados pueden acogerse a la ley más favorable que haya estado en vigor después de haber cometido el delito, algo que prevén las leyes y la Constitución, es decir, la irretroactividad de las normas que sean más gravosas para el reo.
Debido a esto, cualquier cambio posterior que endurezca las condenas no les sería de aplicación, aunque sí serviría para juzgar los delitos que se cometiesen con posterioridad. De manera que es en este escenario en el que se mueve Moncloa, en la necesidad de resolver estos problemas a futuro.
La polémica se ha convertido en un verdadero caballo de batalla con la oposición, justo cuando comienza un año marcado por las citas electorales con municipales y autonómicas, en mayo, y los comicios generales, en diciembre.
La postura pública de los miembros del Gobierno, de las dos formaciones de la coalición, ha sido la defensa de la nueva norma, sin embargo, Sánchez ha terminado tomando la determinación de que era necesario hacer algo al respecto.
Ahora, se espera que la modificación sea acordada por los dos socios de Gobierno y que vea la luz lo más pronto posible.
Una ley promovida por el caso de La Manada
La nueva ley se vio impulsada a nivel social a raíz del caso conocido como de La Manada: la violación de una chica de 18 años por un grupo de cinco hombres, perpetrada en las fiestas de Sanfermines de Pamplona, en el año 2016.
La sentencia en primera instancia condenó a los cinco acusados por el delito de abuso sexual y propició una oleada de protestas en todo el país. La revisión de la sentencia por el Supremo elevó la sentencia a 15 años para cada uno de los condenados y calificó los hechos como de agresión sexual, lo que comúnmente se conoce como violación.
El espíritu de la norma parte de este caso, toda vez que en aquel entonces la legislación distinguía entre abuso y agresión, en función de si se había producido violencia o intimidación, dejando en algunos casos a algunas víctimas más desprotegidas, como en el caso de niños o niñas de corta edad, o personas que hubieran sido sometidas químicamente, o de aquellas mujeres que no se hubieran defendido.
El Ministerio de Igualdad hizo propio el clamor de las calles y prometió eliminar la diferenciación entre abuso y agresión, lo que dio a luz una norma que aglutina esos dos antiguos delitos, estableciendo una serie de atenuantes y agravantes.
Al englobar diferentes conductas, el abanico de penas se ensanchó y en algunos supuestos la pena mínima descendió. Son estos supuestos los que están dando lugar a rebajas de condenas.
La mayoría de los tribunales han interpretado que si la pena que había sido impuesta está dentro del nuevo abanico, la pena debía mantenerse. Mientras que algunos han interpretado que si el reo había sido condenado a la pena mínima y ahora la pena mínima es menor, esa sentencia debía ser rebajada.
La semana pasada, después de la segunda reunión del comité de crisis por los asesinatos machistas que se han producido este mes de enero, Montero sacó pecho por la norma: «La ley del ‘solo sí es sí’ es sólida y de carácter integral, y permite por primera vez al Estado y de forma pionera, como está reconociendo el propio Parlamento europeo, ofrecer la protección integral que las mujeres que son víctimas de violencias sexuales tienen derecho a recibir», sostuvo en rueda de prensa.
Sin embargo, Montero matizó que se estaba trabajando para una «correcta aplicación». «Compartimos la preocupación que tiene también la sociedad española por esas decisiones judiciales de rebajas de penas que no se corresponden ni con el decreto de Fiscalía, ni con la propia ley del ‘solo sí es sí’, ni con el espíritu y voluntad del legislador», dijo entonces.
