(20 de agosto del 2022. El Venezolano).- Bueno así como lo habíamos afirmado al inicio del mes de junio, el presidente Bukele como si tratara de una letra de cambio “ sin aviso y sin protesto” cada treinta días pasa por caja y hace efectivo su cobro: Otros treinta días de estado de excepción (hablamos de la quinta autorización) y que a paso de vencedores el joven presidente, con su look de ejecutivo moderno y siempre con su blazer azul marino y su mouchoir rojo púrpura en el más clásico estilo casual, irrumpe en el salón de la Asamblea Nacional y le entrega al compañero presidente del poder legislativo su petición de ampliación del estado de excepción, anunciado con voz entrecortada por la emoción que ya tiene más de 52.000 salvadoreños en las cárceles de esa pequeña nación de solo 21.050 kilómetros cuadrados y 6.5 millones de ciudadanos.
Escrito por Raúl Ochoa Cuenca
En una pequeña nación como la salvadoreña, se utiliza para combatir ese flagelo de inmensurables consecuencias como es la criminalidad de las pandillas la célebre expresión de don Miguel de Cervantes al inicio del siglo XVI en su obra Don Quijote de la Mancha: los probables culpables y los probables inocentes, pagan justos por pecadores. Obviamente ninguna persona, no solo aquellas con convicciones democráticas rechazamos el comportamiento de esas bandas criminales, cualquier ser humano en sus cabales lo haría y sin olvidar el necesario y muy severo castigo que en justicia debe ser aplicado.
Pero lo que realmente es horrendo y fuera de cualquier mínimo parámetro que se pueda considerar, como obligatorio que para el estado lo sea, respetuoso de los derechos básicos de los ciudadanos, hombres y mujeres de esa nación, es que la Asamblea Nacional ha autorizado al ejecutivo a detener a menores de hasta de 12 años lo cual obviamente al estar suspendidas las garantías su futuro como como sujeto a ser juzgado sin las garantías necesarias, está seriamente comprometido. A petición del presidente Nayib Bukele, el Congreso aprobó el martes una quinta prórroga al estado de excepción para continuar con el combate a las bandas o pandillas, a las que ahora se les persigue en áreas rurales donde han buscado refugio.
Las autoridades salvadoreñas responsabilizan a la Mara Salvatrucha, Barrio 18-Sureños y Barrio 18-Revolucionarios como las más numerosas, importantes y responsables de la mayoría de los crímenes que se registran en el país centroamericano. “Hemos impactado fuertemente a las estructuras terroristas, estamos finalizando la cuarta prórroga y hemos sido testigos de cómo los salvadoreños lograron disfrutar de las vacaciones más seguras de la historia”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la quinta solicitud de prórroga por otros 30 días. Ciertamente debo continuar utilizando la frase de Cervantes: pagan justos por pecadores.
El ministro en su intervención ante la Asamblea afirma: “hace falta más trabajo en el tema de seguridad y prometo que haremos todo lo necesario para que no vuelvan a salir a la calle los detenidos”, en otras palabras el ministro de seguridad (Ministerio del interior en otros países)los condenó a cadena perpetua sin juicio previo cuando afirmó: “ Son 50.000 o más delincuentes que nunca más saldrán a la calle. Pero señor Ministro ¿ está usted consciente de la barbaridad jurídica de sus palabras ?
El 27 de marzo, recordémoslo, comenzó a regir el estado de excepción, el cual se originó ante el desenfreno de las bandas criminales quienes fueron los protagonistas de 62 homicidios en las 24 horas anteriores a la solicitud y posterior aprobación del estado de excepción.
Con esa tasa de homicidios en 24 horas, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como e insisto en llamar la atención de la gravedad de esta norma como es ell prohibir la asistencia de un abogado, esto es el estado de indefensión más absoluta que pueda existir en una sociedad organizada. Además, amplía de 3 días a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
Las autoridades responsabilizan a las pandillas de la mayoría de los crímenes que se registran en el país centroamericano. “Hemos impactado fuertemente a las estructuras terroristas, estamos finalizando la cuarta prórroga y hemos sido testigos de cómo los salvadoreños lograron disfrutar de las vacaciones más seguras de la historia», dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la solicitud de prórroga por otros 30 días. Reconoció que hace falta trabajo que hacer en el tema de seguridad y prometió que harán todo lo necesario para garantizar a la población honrada que todos repitiendo una y otra vez que “ estos 50.000 terroristas y los que faltan, no volverán salir a la calle”.
La prórroga se aprobó con los votos de 66 de los 84 diputados del Congreso unicameral. Más temprano, un grupo de personas se concentró en las proximidades del Congreso para demandar la libertad de sus familiares encarcelados durante el estado de excepción, vigente desde fines de marzo. Con pancartas y mensajes al presidente Bukele y los diputados, exigieron la libertad de las que llamaron víctimas del régimen e intentaron ingresar al recinto legislativo para presentar un pliego de demandas, pero fuerzas de choque de la policía montaron barricadas con púas y les cerraron el paso.
En marzo el Congreso salvadoreño también aprobó algunas reformas al Código Penal para convertir en delito ser parte de una pandilla, lo que puede sancionarse con una pena de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas, en tanto, pueden recibir condenas de 40 a 45 años. En los delitos relacionados con el crimen organizado, que incluye a las pandillas, se aplicaran 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años de cárcel a los niños en edades comprendidas entre 12 y 16 años de edad. www.unicef.org/es
Concluyo esta nota recordando que El Salvador es un país que vive desde hace más de sesenta años en una perenne y cada día más peligrosa tormenta social. Ha vivido guerras civiles, se convirtió en una factoría de la industria americana en un suelo a mas 3000 kilómetros de las fronteras americanas, se ha convertido en exportador de bandas y grupos dedicadas a la mini criminalidad en esa inmensa nación como son los Estados Unidos de América, es un país en el cual su ministro del interior declara que en El Salvador existen 70.000 delincuentes y que a la fecha de hoy tienen detrás de las rejas, con las garantías constitucionales suspendidas y aparentemente por tiempo indefinido a 52.000 de entre ellos, probablemente creyendo que esto de la llamada seguridad individual en esa nación es un activo de exhibir, sin duda importante, pero no el más preciado en una sociedad, sin detenerse a calcular el costo social, económico y político para un país como ese con sus instituciones muchas de ellas aún en estado embrionario. Creo que en un futuro no muy lejano para esa nación, esta política adelantada por el gobierno del presidente Bukele se convertirá en un pasivo que tendrá consecuencias gravísimas, no solo para la sociedad salvadoreña actual, sino que aquí también podremos ver la imaginaria letra de cambio sin aviso y sin protesto, pero a varios años de su fecha de cobro, convirtiéndose en un título con un costo social y político impagable.
Raúl Ochoa Cuenca en Anfi del Mar, el 18 de agosto del año 2022.
