(29 de septiembre del 2020. El Venezolano).- Expresidentes, líderes políticos y representantes del ámbito universitario y otros gremios han enviado una cara dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, al presidente del Consejo Europeo y a los 27 ministros de Exteriores del club comunitario en la que rechazan las iniciativas llevadas a cabo en Venezuela por Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores, “en acuerdo con el Gobierno de España”.
En ella plantean numerosas cuestiones al ejecutivo comunitario sobre la posición de España en el conflicto venezolano. “¿Están al tanto los ministros del Consejo Europeo de las inmensas fortunas producto del colosal saqueo a la Nación venezolana que se esconden en España en redes de criminalidad de cuello blanco? ¿Saben los cancilleres de cómo las autoridades españolas permitieron la fuga del narcocriminal y ex jefe de inteligencia de la tiranía venezolana General Hugo Carvajal, indiciado internacionalmente como narcotraficante, y del cual todavía se desconoce si aún se encuentra escondido en España? ¿Recuerdan los señores ministros las acciones del Alto Comisionado para minimizar las violaciones de España a las sanciones de la UE sobre funcionarios del régimen criminal?”, recoge el documento.
La carta está firmada, entre otros por opositores venezolanos como María Corina Machado, Antonio Ledezma, Diego Arria, Asdrúbal Aguiar, Enrique Aristeguieta Gramcko, Humberto Calderón Berti y Carlos Ortega, y cuenta con el respaldo de expresidentes como Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Jorge “Tuto” Quiroga, Vicente Fox, Miguel Ángel Rodríguez, Alfredo Cristiani y Juan Carlos Wasmosy.
Del ámbito español figuran el líder de Vox, Santiago Abascal; el presidente del Partido Popular español, Pablo Casado; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; los dirigentes políticos de Argentina y México, Patricia Bullrich y Marko Cortés Mendoza; las senadoras colombianas María Fernanda Cabal y Paola Holguín; los eurodiputados Hermann Tertsch y Margarita de la Pisa; los diputados españoles Cayetana Álvarez de Toledo y Víctor González, así como los académicos y escritores Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa y Héctor Schamis; la defensora de los derechos humanos Tamara Sujú, entre otros.
En la carta, estas personalidades califican las últimas operaciones políticas de Borrell como una misión incongruente “que obstaculiza el rescate por la libertad venezolana”. Asimismo, rechazan que el Gobierno de España promueva esas maniobras para avalar unas ilegítimas elecciones parlamentarias en Venezuela.
“El Alto Representante, actuando también como representante del Gobierno español, intenta minar el consenso internacional sobre la necesidad de establecer un gobierno de transición de Venezuela para reinstitucionalizar el país, gestionar la crisis humanitaria y poder entonces convocar a elecciones presidenciales verdaderamente libres y soberanas”, reza el exhorto.
Los firmantes aseguran que las acciones de Borrell con respecto a Venezuela en asociación con el Gobierno de España “configuran un patrón que debería llamar la atención de todos los demócratas europeos. Acciones que se conjugan con una serie de operaciones llevadas a cabo por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y su Grupo de Puebla, así como por el actual gobierno español, encabezado por el presidente Pedro Sánchez y vicepresidente Pablo Iglesias, este último denunciado en tribunales españoles por recibir financiamiento del régimen criminal chavista”.
De acuerdo con los firmantes, estas acciones traicionan acuerdos y pronunciamientos previos de la propia UE y otras organizaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, además de que pretenden solventar miles de asesinatos, torturas y violaciones agravadas a los derechos humanos, expuestos en el Informe de la Misión de DDHH de Naciones Unidas, con una prórroga de los supuestos comicios de diciembre y la búsqueda de “condiciones mínimas” para unas elecciones parlamentarias.
Las 200 personalidades consideran que estas “condiciones mínimas” representaría una violación más a los derechos humanos, ahora promovida por la comunidad de naciones europeas que ha liderado históricamente la defensa de los derechos humanos.
Con información de La Razón
