(03 de mayo del 2019. El Venezolano).- La situación migratoria de los venezolanos en Ecuador ha sido tema de conversación este lunes luego que la Corte Constitucional analizara una demanda de inconstitucionalidad en referencia a los requisitos de entrada de estos desplazados al país.
Estos requisitos hacen referencia al pasaporte, papeles apostillados y antecedentes penales que permiten a estos ciudadanos estar legal y conseguir trabajos en el país receptor.
La jueza nacional Daniela Salazar presidió la vista judicial que analizó los argumentos presentados por los demandantes, la Defensoría del Pueblo ecuatoriano y ciudadanos, así como al canciller ecuatoriano, José Valencia, como responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
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En un comunicado en su cuenta de Twitter, la jueza Salazar explicó que “los accionantes alegaron que los acuerdos ministeriales son contrarios al principio de igualdad y no discriminación, al principio de estado de inocencia, al derecho a migrar y a la libre circulación, al interés superior del niño y a la unidad familiar”, entre otros.
El canciller Valencia citó estadísticas de la ONU y señaló que actualmente residen en Ecuador 310.000 personas de nacionalidad venezolana, número que podría incrementarse a medio millón para finales de año, de acuerdo a un comunicado de la ONG local Inredh, que intervino en la audiencia.
El ministro sostuvo que los migrantes de ese país sí tienen la capacidad para obtener los documentos que solicitan las autoridades.
En la audiencia los demandantes presentaron dos vídeos testimoniales de venezolanos que aseguraron que el costo de apostillar el documento cuesta entre 100 y 200 dólares, más las dificultades para lograrlo y que evidenciaron -según la ONG- que los requisitos en lugar de frenar el flujo migratorio han puesto en peligro a los propios emigrantes, informó EFE.
