(La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó este jueves al Estado de El Salvador a “restablecer” los derechos suspendidos desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción “instalado en el país por motivos de seguridad ciudadana”
El Salvador cumplió a finales de marzo un año con esta medida, que ha dejado más de 66.400 detenciones y al menos 5.082 denuncias de detenciones arbitrarias recogidas por organizaciones humanitarias.
“La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, indicó el organismo en un comunicado.
Agregó que “la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común” y destacó que se habrían registrado “188 días sin homicidios en los últimos 12 meses”.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. (REUTERS/Jose Cabezas)
La CIDH indicó también que “ha manifestado reiteradamente su preocupación respecto de múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como violaciones a los derechos de las personas detenidas”.
“También ha urgido al Estado asegurar las garantías y la protección judiciales, así como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal”. acotó.
Apuntó que “reconoce los grandes retos del Estado para enfrentar los altos índices de violencia producto de las actividades de estructuras criminales como las pandillas”.
“El Estado debe asegurar que sus esfuerzos contra el crimen y la violencia – tanto el control así como la prevención como objetivo de toda política de seguridad ciudadana – se adecuen a los límites señalados en los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos de conformidad con los principios del Estado de derecho”, subrayó.
Nuevos cuestionamientos al régimen de excepción de Nayib Bukele. (REUTERS/Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El régimen de excepción, en el que el Gobierno de Nayib Bukele enmarca la llamada “guerra contra las pandillas”, suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
Abusos en las cárceles
A finales del mes de marzo, Estados Unidos señaló las denuncias de abusos a los derechos humanos que han tenido lugar en El Salvador bajo el régimen de estado de excepción promovido por el Gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas, incluido un empeoramiento de la situación de las prisiones.
El Salvador cumplió a finales de marzo un año con esta medida, que ha dejado más de 66.400 detenciones y al menos 5.082 denuncias de detenciones arbitrarias recogidas por organizaciones humanitarias.
En su informe anual sobre derechos humanos, Estados Unidos señaló que ha habido “numerosos reportes” de arrestos arbitrarios, procesos judiciales injustos, desapariciones y muertes a mano de las fuerzas del orden de El Salvador desde que se impuso el estado de excepción en marzo de 2022.
“Más de 52.000 personas fueron arrestadas durante los primeros seis meses del estado de excepción, llevando a denuncias de hacinamiento y tratos inhumanos en las prisiones”, destaca Washington en su informe.
Las condiciones en las cárceles “empeoraron” durante el estado de excepción, enfatizó el documento, lo que ha derivado en denuncias de “condiciones sanitarias inadecuadas, escasez de comida y ataques físicos” entre los detenidos.
