(12 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Chile y Argentina comparten la tercera frontera terrestre mas extensa del mundo, y es destacable que nunca hayan llegado a una guerra y siempre hayan sido capaces de negociar sus diferencias. También es histórica, la hermandad que unió a través de José de San Martin los procesos independentistas de ambos, acrecentada por todo tipo de vínculos desde entonces.
Sin embargo, las relaciones entre ambos no han sido fáciles en las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, incluyendo la suspensión del gas hacia Chile. Tampoco han sido gratas bajo Alberto Fernández y Sebastián Piñera, partiendo por la muy inoportuna introducción comunicacional de una especie de competencia acerca de quien lo hacía mejor (o peor) en el combate contra el coronavirus.
Hoy la necesidad de colaboración se ha impuesto en un tema de la mayor importancia a dos gobiernos renuentes. Se trata del Wall Mapu, el nombre mapuche para el territorio que habitaban cuando en la segunda mitad del siglo XIX se produjo la integración por la fuerza militar en ambos países, en lo que se conoció como la Ocupación del Desierto de Roca y la Ocupación de la Araucanía en Chile, proceso donde hubo violencia, abusos, robos de tierra, aculturación y expulsión hacia reducciones.
En ese sentido hay una deuda y todo lo que se pueda hacer en una visión educacional de la historia y reconocimientos constitucionales y legales debe ser muy bienvenido. Pero ello, también pasa por combatir a quienes usan la violencia para una agenda que llama a atacar la actual división territorial en ambos países, a favor de una virtual independencia, lo que alteraría las actuales fronteras a favor de una recreación del Wall Mapu del siglo XIX.
Esta posición cuenta con adeptos y simpatizantes en los tres poderes del Estado tanto en Argentina como en Chile, además de medios de comunicación y grupos políticos. De igual magnitud o aún mayor, es la simpatía que el indigenismo encuentra a nivel internacional, partiendo por la ONU. En el terreno lo que los estados enfrentan es una insurrección, todavía de baja intensidad, pero al final es una insurrección. En general, los gobiernos de ambos países -ahora y en administraciones pasadas- han sido timoratos y renuentes a aplicar la ley, olvidando el deber de proteger la integridad y unidad territorial. Mas aún, la violencia tiene entre sus primeras victimas a ciudadanos de origen mapuche, que han sufrido las consecuencias de este abandono por parte de ambos estados.
Argentina y Chile tienen actitudes, ritmos y políticas distintas, pero parecen haber dado un primer paso al acordar en fecha reciente y por iniciativa de La Moneda un trabajo conjunto ante hechos de violencia “que se esconden detrás de la causa mapuche”.
Lo que no se sabe es hasta qué punto están dispuestos a confrontar el desafío de grupos minoritarios, pero extremos y que tienen una agenda separatista. Sin abordar la violencia, se hace difícil discutir solo sobre políticas públicas para los grandes problemas de marginación y pobreza que se sufren.
En la actual situación, ambos países y los gobiernos actuales y futuros tienen los mismos desafíos, que en común necesitan de políticas de Estado. En primer lugar, el tema de la inteligencia, donde la información disponible, en recursos y calidad es claramente insuficiente. En segundo lugar, la necesidad de una negociación política. El problema es con quien se hace y quien participa, ya que el pueblo mapuche no tiene representantes únicos que hablen por todos. Tampoco los gobiernos cuentan con la unidad de propósitos necesaria como tampoco con claridad.
En tercer lugar, la urgencia de una acción conjunta a nivel internacional, donde el desafío es grande por la visibilidad de estas reivindicaciones, lo que se une, en cuarto lugar, a la necesidad que ambos estados integren mayor conocimiento especializado, desde seguridad hasta relaciones internacionales, ya que de partida, los instrumentos que se usan tales como el convenio 169 pueden no tener la suficiente entidad como para que las soluciones encontradas resistan cualquier escrutinio, ya que el mencionado no es un tratado, sino un convenio de menor nivel al interior de la OIT, Organización Internacional del Trabajo.
Por último, y quizás en primer lugar, surge la necesidad de proponer un gran acuerdo nacional sobre esta materia, que aísle a los violentos como también a los negacionistas de la existencia colectiva de estos pueblos. Sin un acuerdo de este tipo y de los cambios constitucionales necesarios, no existe seguridad de viabilidad futura para las soluciones que se encuentren.
Argentina y Chile tienen temas pendientes, partiendo por posiciones contrapuestas en relación a la Antártica y la delimitación de algo en que no se ponen de acuerdo ni siquiera en el nombre, como lo es Campo de Hielo Sur o Hielo Continental Patagónico, nada menos que la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo, pero en materia de urgencia, se ha puesto adelante la adopción de una política de colaboración para la preservación de la unidad territorial de ambos países ante una pretensión que podría derivar en autonomía independentista en el Wall Mapu.
Y la duda sigue siendo hasta que punto ambos países están dispuestos a unirse en una política común, duda que se alimenta por episodios recientes como el del embajador en Santiago Rafael Bielsa y la incomprensible comparecencia ante la justicia chilena en defensa de un violentista con acciones en ambos países, donde no se ha aclarado el peor de los escenarios, que su presencia fue por instrucciones de la Casa Rosada o del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Escrito por: Ricardo Israel
