(01 de octubre del 2020. El Venezolano).- Un grupo de abogados pro Derechos Humanos han presentado este jueves una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por la decisión del presidente, Donald Trump, de autorizar la imposición de sanciones «draconianas» contra miembros del Tribunal Penal Internacional (TPI) que estén implicados en investigaciones contra el país norteamericano.
«Estamos llevando a la Administración Trump ante los tribunales por su orden ejecutiva que autoriza sanciones draconianas contra aquellos que apoyan al TPI», ha dicho la Open Society Justice Initiative a través de su cuenta en la red social Twitter.
La demanda, presentada por esta organización junto a los profesores en Derecho Diane Marie Amann, Gabor Rona, Milena Sterio y Margaret de Guzman, es la primera contra la orden ejecutiva 13928 y llega un mes después de que Washington impusiera sanciones contra miembros del tribunal, incluida la fiscal jefe, Fatou Bensouda.
Así, ha sido presentada contra Trump y otros altos cargos del Ejecutivo, incluidos los secretarios de Estado y del Tesoro, Mike Pompeo y Steven Mnuchin, respectivamente; la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Andrea Gacki; y el fiscal general de Estados Unidos, William Barr.
Los demandantes han recalcado que la autorización de sanciones es inconstitucional y «daña irreparablemente su trabajo profesional», al tiempo que han agregado que «es el último de una serie de ataques del Gobierno de Estados Unidos contra el TPI».
El director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, James Goldston, ha manifestado que «al emitir esta orden indignante, la Administración Trump traicionó el apoyo de Washington a la justicia internacional, desairó a los aliados y violó la Constitución de Estados Unidos». «Vamos a los tribunales para poner fin a este asalto imprudente conrta una institución judicial y las víctimas a las que sirve», ha zanjado.
En este sentido, Amann ha indicado en declaraciones concedidas al diario británico ‘The Guardian’ que la orden «es un golpe, un puñetazo en el estómago». «Es silenciar las actividades que han sido el trabajo de mi vida», ha sostenido.
«Es triste pensar que el país en el que nací, en una ciudad llamada Libertyville, en Illinois, me prohíbe hace ese trabajo», ha lamentado Amann, quien es asesora de Bensouda sobre niños y conflicto desde 2012. «Trabajo en nombre de niños afectados por el conflicto armado, asesinados, torturados, abusados sexualmente, forzados a convertirse en niños soldado y objeto de tráfico de personas», ha detallado.
La abogada ha resaltado que, a raíz de las sanciones impuestas contra Bensouda, «ha dejado de asesorarla». «Me he retirado de presentaciones públicas a las que me había comprometido por temor a que una discusión pública sobre el trabajo del TPI sea presentado como una violación del régimen de sanciones», ha explicado.
«He evitado hacer que asistentes de investigación me ayuden en los trabajos sobre un asunto por temor a que queden expuestos de alguna forma (a las sanciones del Gobierno estadounidense)», ha resaltado.
Trump firmó el 11 de junio una orden ejecutiva que abría la puerta a sanciones contra Bensouda, a la que Washington ha recriminado de forma específica unas pesquisas por los posibles crímenes de guerra cometidos en Afganistán, también por parte de las tropas de Estados Unidos. Las sanciones fueron aplicadas el 2 de septiembre.
Tras ello, el secretario general de la ONU, António Guterres, mostró su «preocupación» por el anuncio de las autoridades estadounidenses. «Siempre hemos abogado por la necesidad de una justicia internacional, de la rendición de cuentas y de la lucha contra la impunidad», dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.
Europa Press
