(20 de febrero del 2022. El Venezolano).- Luisa Ortega Díaz confía en que España le otorgará el asilo político que solicitó en meses pasados. Estuvo exiliada en Colombia durante cuatro años, pero se fue de ese país porque temía por su vida debido a las amenazas y lo permeable que es la frontera. Y quienes detentan el poder en Venezuela “son capaces de cometer cualquier delito”, afirmó en una entrevista con El Nacional hecha por una videollamada vía Zoom desde España, donde reside actualmente.
El 31 de diciembre cesó sus funciones constitucionales como fiscal general de la República. Unos la consideran como la exfiscal rebelde del gobierno de Hugo Chávez y otros como una traidora al legado del comandante supremo. La sacaron abruptamente del Ministerio Público en 2017 luego de que dio dos estocadas que hicieron tambalear a la mismísima cúpula del madurismo.
La primera fue la denuncia de la ruptura del orden constitucional en Venezuela luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, que obedece a Miraflores, despojó de sus funciones a la legítima Asamblea Nacional. Y la segunda, que resultó más impactante aún: confirmó que la Guardia Nacional Bolivariana asesinó a Juan Pablo Pernalete, un joven estudiante que participaba en una protesta en Altamira, estado Miranda.
Todo ocurrió en ese convulsionado año —en el que durante meses el descontento de los venezolanos y la brutal represión del régimen chavista quedaron demostrados en las calles del país—, aunque la exfuncionaria afirmó que tuvo grandes diferencias con Nicolás Maduro cuando asumió el poder en 2013.
Ortega Díaz, uno de los rostros ausentes durante el funeral de Chávez, manifestó a El Nacional que está concentrada en promover el voto como la herramienta poderosa que tienen los venezolanos para recuperar la democracia y en continuar presentando denuncias ante la Corte Penal Internacional, donde se investiga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad a manos de altos personeros gubernamentales.
Pero la funcionaria, aunque dejó el miedo que tenía en Colombia, todavía la persiguen las acusaciones de sus detractores. Luego de conocerse que solicitó el asilo en España, el excomisario metropolitano Iván Simonovis consignó documentos ante la Embajada de España de Estados Unidos que presuntamente confirman que Ortega Díaz cometió crímenes cuando fungía como fiscal general de la República en Venezuela.
“Hablan y declaran mucho, pero ni una sola prueba han presentado que demuestre lo que dicen. Nadie ha mostrado pruebas de que existe una causa en mi contra fundada en pruebas serias y verificables. Una declaración, una opinión, no es prueba de nada. Un comentario en las redes sociales tampoco”, afirmó Ortega Díaz a esta redacción.
El TSJ controlado por Maduro declaró en 2018 procedente la solicitud de extradición a Colombia de Luisa Ortega Díaz. El régimen la acusa de incurrir en delitos, entre otros, de traición a la patria, usurpación de funciones, falsa denuncia o acusación y asociación.
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