(02 de febrero del 2022. El Venezolano).- La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), creada por el acuerdo de paz del 2016, reportó este martes que se desconoce el paradero de al menos 1.000 cadáveres que deberían estar en el Cementerio Central de Bucaramanga (Colombia), y se presume que entre los cuerpos habría víctimas de una masacre ocurrida en 1998.
Al dar la noticia mediante una conferencia de prensa, la organización estatal afirmó que su Consejo Asesor «tuvo un diálogo con autoridades locales para que esto se aclare y las víctimas tengan respuestas». Su directora, Luz Marina Monzón Cifuentes, remarcó que los cadáveres «se encontraban allí y hoy no se sabe dónde están».
En la exposición, una vocera de la Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada señaló que cuando consultaron con los responsables, les contestaron que «no se sabe qué pasó» o «que se murió la persona que administraba la funeraria que se contrató para hacer los traslados», citó El Colombiano. Así, no hay información sobre las fechas de las desapariciones, ni tampoco saben por qué los encargados del lugar no ubican su paradero.
Sitio de interés forense
Muchos de estos cadáveres estaban depositados sin identificación, en una región que se caracterizó por las violaciones a los derechos humanos y las desapariciones forzadas. Según la Mesa, antes del traslado ilegal, de los 1.000 cuerpos se habían logrado identificar a 184, «y sus familiares están esperando que se les entregue».
La situación presenta mayor gravedad porque el cementerio había sido declarado como un sitio de interés forense, al creer que allí habría cadáveres de la masacre del 16 de mayo de 1998, en la ciudad de Barrancabermeja, cuando asesinaron a siete personas y desaparecieron a otras 25. Según la versión oficial, esos crímenes fueron perpetrados por «autodefensas de Santander y el Sur del Cesar».
Entre tanto, la UBPD está solicitando a la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación del departamento de Santander información de interés para avanzar en las tareas de búsqueda. También pidieron la participación de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
«Tendremos mesas de trabajo con víctimas y organizaciones para conocer información que ayude a construir un plan regional que permita comprender cómo fue la desaparición en el área metropolitana de Bucaramanga y otros municipios de Santander, y agilizar la búsqueda», indicó Cifuentes.
Sobre las tareas investigativas generales, la abogada comentó que de las 4.234 personas calificadas como desaparecidas «durante el conflicto en Santander entre 1965 y 2016», se calcula que «el 85 % son desapariciones forzadas».
