(05 de enero del 2022. El Venezolano).- Ya han transcurrido tres años de gobierno interino con Juan Guaidó a la cabeza, en ese tiempo se han nombrado y/o ratificado funcionarios que han tenido a cargo importantes funciones publicas y de las cuales no se ha producido rendición de cuentas, entre éstos tenemos a Luisa Ortega Díaz quien ha cesado en su mandato al cumplir 14 años como Fiscal General de Venezuela y ahora se ha radicado en España pidiendo asilo bajo alegato de persecución política, pero ha dejado un vacío, no ha entregado el cargo al gobierno interino que le dio reconocimiento, ni ha rendido cuenta de su gestión ante la Asamblea Nacional a pesar de tantas cosas sobre las que debe hacerlo y que debemos exigirle esté donde esté y sea cual sea su condición actual pues ella manejó dineros públicos en todo ese tiempo en funciones, también llevó casos de trascendental importancia jurídica y política de todo lo cual debe responder pues de lo contrario eso le podría constituir un serio obstáculo para que le concedan ese asilo que está pretendiendo.
Escrito por: Carlos Ramírez López
Hay que llenar el vacío quedante con la salida de Ortega Díaz La Venezuela democrática necesita sobrevivir preservando el honor y reputación de los funcionarios accidentales a quienes se encomiende funciones públicas dentro o fuera del país y para lo cual es fundamental ejercer una actividad de fiscalización que no tenemos. Resulta evidente que se ha incurrido en malos manejos de los dineros públicos confiados a personas del gobierno interino, y que tales hechos no son debidamente investigados para establecer responsabilidades y propugnar la persecución penal correspondiente. Necesitamos llenar el vacío que tenemos en el Ministerio Público, y que urge nombrar un “Fiscal especial” de la misma manera como se hizo con el “Procurador especial”.
Este Fiscal especial podría estar radicado en Estados Unidos y despachar desde la oficina de nuestra embajada para abrir investigaciones e instruir expedientes que deban llevar a formalizar denuncias ante la justicia norteamericana si los hechos le corresponden territorialmente, o ante la de cualquier otro país donde se hayan cometido como por ejemplo en Colombia con el caso de Monómeros. En todo caso en esas investigaciones quedará constancia de los hechos delictivos, de sus autores y cómplices sean quienes sean.
Luisa Ortega Díaz se fue sin realizar ninguna de esas actividades
Ella ocupó el cargo durante dos períodos de 7 años cada uno, el primero desde 2007 hasta 2014, el segundo desde el 2014 hasta el 2021, en ambos casos fue designada por la Asamblea Nacional controlada por el PSUV, pero con la particularidad de que ese segundo período se le otorgó ilegalmente por no haber contado con el requisito constitucional de mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Dos años y medio después fue destituida mediante una sentencia del TSJ controlada por el gobierno. Por su parte la Asamblea Nacional que controlaba la oposición y que presidía Julio Borges rechazó dicha medida y proclamó la legalidad de la permanencia de Ortega Díaz en el cargo lo cual fue también apoyado por múltiples factores internacionales como lo resumió la “Declaración de Lima” que suscribieron los cancilleres de 12 países (1) También los Procuradores y fiscales generales de los Estados Parte de MERCOSUR. (2). Ortega Díaz se instaló en Colombia blandiendo el título de fiscal general en el exilio el cual le fue reconocido también a lo interno como lo manifestó Juan Guaidó (3).
¿Qué harán con el cargo que dejó vacante Luisa Ortega Díaz?
El gobierno interino en la medida en que se despreocupó del tribunal en el exilio matándolo por abandono, también se desentendió de ese ministerio público, no da muestras de hacer algo para proveer el necesario cargo desperdiciando así el apoyo que internacionalmente se nos brindó para ello. De todas maneras, aunque desde una postura escéptica paso a abordar el tema de la vacancia del cargo de Fiscal general.
La designación del cargo
El nombramiento de fiscal general ha de hacerse mediante un procedimiento totalmente enrevesado que debería realizar el tal Consejo Moral Republicano conforme el artículo 279 de la CRBV, mecanismo que nunca se ha puesto en práctica dejando el acto a cargo de la Asamblea Nacional. Desde Chávez para acá la primera persona que ocupó el cargo fue el Dr. Javier Elechiguerra, y lo hizo a título de fiscal general provisorio así nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente que presidió Luis Miquilena. Luego vino la designación de Isaías Rodríguez y después Luisa Ortega Díaz.
El errático desempeño judicial del interinato
La actividad judicial del interinato únicamente se ha ocupado de la justicia civil despreocupándose del área penal que corresponde al Ministerio Público, esto no obstante que muchas de esas actividades que nos han generado deudas están plagadas de delitos. Y lo que es peor, en la propia defensa se han realizado actuaciones que han contribuido a que ese fraude tenga éxito. Esto que debe ser sometido a investigación en colaboración con la fiscalía de Estados Unidos. A título de ejemplo cito un caso, el del Bono PDVSA 2020 que nos representa una deuda fraudulenta por 7 mil millones de dólares.
Justicia civil, justicia penal
Toda esa inmensa deuda que nos agobia y por la cual está a punto de remate de nuestros activos en el exterior tiene connotaciones civiles y también penales, las civiles corresponde tratarlas al procurador general como encargado de la defensa patrimonial de la república, y las penales al fiscal general, pero el gobierno interino solo ha tomado en cuenta la primera y a tales efectos rápidamente creó el cargo de “Procurador especial” al que se le han asignado millones de dólares para el manejo de los juicios que cursan en el tribunal de arbitraje internacional CIADI y en los tribunales norteamericanos, pero no ha habido una gestión dirigida a la persecución penal de los hechos que involucra a funcionarios nombrados por Juan Guaidó a pesar de que en todos esos casos hay connotaciones criminales que deberían ser confiadas a un “Fiscal especial”. Voy a citar un solo caso de muchos donde urge la actuación de la justicia penal, que es el de la deuda de 7 mil millones de dólares surgidas de un hecho criminal como lo es el del Bono PDVSA 2020.
El caso de la deuda por el Bono PDVSA 2020
El gobierno de Nicolás Maduro utilizando a PDVSA emitió ese bono por la suma de 7 mil millones de dólares que además garantizaron con el 50,1% de las acciones de CITGO, todo esto sin autorización de la Asamblea Nacional lo cual es un requisito indispensable para su validez y además constituye un delito de defraudación del patrimonio público. Se nos viene reclamando el pago de dicho instrumento a través de una firma en New York. La Asamblea Nacional, mediante tres Acuerdos emitidos en mayo de 2016, septiembre de 2016 y octubre de 2019 lo declaró como ilegal. Esa declaración debió ser llevada inmediatamente al fiscal general de Estados Unidos pues en territorio norteamericano se estaba extendiendo los efectos ejecutorios del fraude, y esa actuación debió hacerse a través -insisto- de un fiscal especial que ha debido proveer la Asamblea Nacional y Juan Guaidó, pero no se hizo así, por el contrario, se trabajó para que ese fraude obtuviera éxito.
En vez de perseguir ese delito se trabajó para legalizarlo
La junta directiva de Pdvsa ad hoc que nombró Guaidó procedió a demandar la nulidad del citado Bono por ante la Corte Federal del Distrito Sur de New York, demanda que fue declarada sin lugar. La Corte sentenció que teníamos que pagar y entre otras razones se basó en una declaración del procurador especial José Ignacio Hernández llevada al expediente de que “la declaración de la Asamblea Nacional no declaró la ilegalidad del Bono 2020 sino el colateral de CITGO”. ¡Nuestro propio Procurador especial ayudó a que nuestra demanda de nulidad fracasara!!
Esos hechos ameritan una investigación penal
De tal manera que esa demanda pareciera que mas bien se hizo para favorecer la legalización del ilícito bono y allanar el camino para que nos fuesen ejecutado esos 7 mil millones de dólares mediante el remate de CITGO, y tanto es así que el propio Hernández pidió a la Comisión de Finanzas de la A.N que se acordara el pago de 71 millones de dólares por concepto de intereses vencidos de ese mismo bono que la AN había declarado tres veces como ilegal. Hernández argumentó que ese pago se haría “bajo protesto” argumento fútil del que nunca explicó su significado ni importancia, solo fue una artimaña para dilapidar esa fortuna.
El bono fue declarado ilegal, pero se acordó pagarle intereses
Como quedó dicho y repito, la Asamblea Nacional, mediante tres Acuerdos emitidos en mayo de 2016, septiembre de 2016 y octubre de 2019 declaró como ilegal el Bono Pdvsa 2020 que por 7 mil millones de dólares y con garantía del 50,1% de CITGO emitió el gobierno de Maduro, ilegalidad que resulta de la falta de aprobación a que obligaba el artículo 150 de la CRBV. Esto implica que ese bono es civilmente ilícito y además constituye un hecho delictivo, es fraudulento, y tanto su emisión como las gestiones para su cobro constituyen delito. No obstante, a instancias del mencionado procurador especial José Ignacio Hernández la Comisión de finanzas de la AN aprobó sufragarle 71 millones de dólares por concepto de intereses vencidos lo cual fue una contribución a la consumación del delito.
Ese caso debió -y se debe- investigar en vía penal en EEUU
Esto no es solo un tema para una acción civil de nulidad, sino también, y fundamentalmente es materia para una persecución penal que se debió (y se debe) gestionar por ante la justicia norteamericana pues ese hecho extendió sus efectos a Estados Unidos. Específicamente ha podido y debido formalizarse denuncia por ante el Departamento de Justicia que maneja el fiscal general, no se hizo (no se ha hecho) porque solo interesó la parte civil, en la que se invirtió dinero contratando abogados y haciendo ese grosero pago de intereses que también es materia para incluir en la investigación criminal.
Para no quedarme en la denuncia hice un intento personal
Por cierto, que preocupado por la lenidad ante ese robo tomé la iniciativa de estructurar una denuncia ante el citado Fiscal de Estados Unidos para lo cual pedí la colaboración de un importante político opositor venezolano que entusiastamente me la ofreció y se comprometió a trabajarla, pero en medio del trámite se arrepintió y me dejó en el aire, pero esa es una historia que narraré en otra oportunidad.
Se debe designar un fiscal
Toda la tragedia que sufre Venezuela por la administración usurpadora y todo ese ladronerismo y crímenes nos obliga a dotarnos de un fiscal que haga su trabajo coordinando persecución penal con las fiscalías de los países que nos apoyan y para eso tenemos gente capaz que puede hacerlo, y al igual que se hizo nombrando un procurador especial debe nombrarse un fiscal especial que se ocupe de los hechos delictivos como por ejemplo, entre otros, el antes comentado del Bono 2020, y se trabaje en colaboración con la fiscalía federal norteamericana, también con la de Colombia (Caso Monómeros), con la inglesa (caso oro en Londres), con la de Brasil (caso Odebrecht), Alex Saab (EEUU)…etc.
El delito hay que perseguirlo sin distingos políticos, sea quien sea debe ser castigado.
