(22 de abril del 2021. El Venezolano).- La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, defendió este jueves que su país debe mantener su política “realista” de “hablar con todos” los actores políticos en Venezuela como única vía para “modificar la situación”.
“Para tener un diagnóstico preciso de la realidad hay que hablar con todos los actores implicados y para contribuir a modificar esa misma realidad es preciso tener interlocución con aquellos actores que tienen la capacidad de producir cambios”, subrayó la ministra en una comparecencia parlamentaria.
En su opinión, la política que se limita exclusivamente a reiterar declaraciones de principios tiene poco impacto en modificar la realidad, por lo que para ser verdaderamente eficaz es preciso “ser realista” y reconocer que “la verdad es la que es”.
González Laya explicó así la posición del Ejecutivo español de dialogar con el régimen de Venezuela pese a ser resultado de unas elecciones consideradas no democráticas ni justas por la Unión Europea (UE).
La ministra española señaló que se trata de cumplir dos grandes objetivos: defender los intereses de los 150.000 españoles que residen en el país y de las empresas españolas y ocuparse de las decenas de miles de venezolanos residentes en España, y contribuir “de forma constructiva a una salida negociada que permita superar la grave crisis que atraviesa Venezuela y garantice su retorno a la democracia”.
En ese contexto, explicó, es en el que tuvo lugar el reciente viaje a Caracas de la secretaria española de Estado de Asuntos Exteriores, Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, que sirvió para identificar tres áreas de preocupación: la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral que va a ser designado próximamente tenga una composición equilibrada y de que se restituya el control de los partidos de oposición a sus legítimas directivas; garantizar el acceso de Venezuela a las vacunas para el covid-19, como también de las ONG, y a las operaciones del Programa Mundial de Alimentos.
También preocupa la situación de los españoles que son presos políticos, las necesidades de la colectividad española y que se permita que las compañías aéreas españolas que tengan el deseo y la capacidad de efectuar la ruta Madrid-Caracas lo puedan hacer en igualdad de condiciones entre sí.
