(18 de febrero del 2021. El Venezolano).- Transcurrido más de un medio siglo, el documento que establece los términos a dirimir la controversia limítrofe y anexión del territorio esequibo a Venezuela, equivalente a unos 14970 km cuadrados, suscrito el 16/2/1966, no podía sufrir otro fraude sino la pretensión de remitirse a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), organismo sin jurisdicción para dirimir sobre nuestra Reclamación, pues el Acuerdo de Ginebra en su Artículo IV establece que “de no decidirse el asunto en el lapso de unos cuatro años, contados desde la fecha de aprobación de dicho acuerdo, los gobiernos respectivos escogerán, sin demora, uno de los medios de Arreglo pacífico de controversias previstos en el Artículo 33, Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas… para toda controversia suceptible de arriesgar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales se tratará de buscar solución, ante todo, por la negociación, la mediación u otros medios pacíficos,…”.
Pero, en 1982 Venezuela decide no renovar el Protocolo de Puerto España, según lo previsto en el Acuerdo de Ginebra. Sin embargo, el gobierno venezolano ha pedido a la ONU la reactivación de un diálogo pacífico con Guyana por disputa territorial del esequibo, pues es impertinente la decisión unilateral de la CIJ asumir, deliberadamente, el caso sin consentimiento del Estado venezolano, a fin de dirimir sobre el litigio territorial que mantenemos con Guyana y nuestra Zona Estratégica recién ratificada, que incluye nuestra fachada atlántica, bajo custodia de nuestra Armada desde el gobierno del dr Raúl Leoni (1964-1969), que acaba de retomar la FANB en medio de la disputa por el esequibo, en defensa de la soberanía territorial, que, por donde efectúa, desde 2015, incursiones prospectivas en la cuenca Guyana-Surinam y pesca en la región Pomeroon/Supenaam.
