(08 de febrero del 2021. El Venezolano).- Este 8 de febrero se cumplen tres años del inicio del examen preliminar por parte de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunciado el 8 de febrero de 2018, sobre el caso Venezuela, con el cual se completan siete años de impunidad desde el 4 de febrero de 2014, cuando se iniciaron las protestas populares en el Táchira y en el resto del país, en las que la barbarie roja del Socialismo del Siglo XXI, impulsada por Nicolas Maduro, desató fuertes represiones que fueron repudiadas por la comunidad internacional, lo cual conllevó a una denuncia el 7 de abril de 2014 en la Fiscalía de la CPI en La Haya contra Maduro, por parte de más de 200 diputados de América Latina, encabezados por la legisladora de Argentina Cornelia Smith Liermann, junto con legisladores de Ecuador, de Bolivia y de otros países de América Latina, recordó el parlamentario venezolano jubilado y director general del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN) Walter Márquez.
Lapsos procesales
Es insólito –enfatizó- que la fiscal Bensouda haya utilizado cuatro años, desde febrero de 2014 a febrero de 2018, para revisar lo que ella misma ha llamado “verificación inicial,” más tres años adicionales para un Examen Preliminar que todavía no ha resuelto, alegando que no hay lapsos procesales para decidir, aunque el Estatuto de Roma en su Artículo 21, sobre el derecho aplicable, remite al derecho supletorio, en el que se utilizarán las normas de la Corte, los principios del derecho penal internacional y en su defecto las normas del país donde ocurrieron los crímenes, y en el caso concreto de Venezuela se debe aplicar por derecho supletorio el artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal, que señala como mínimo un año para investigar los crímenes de lesa humanidad y máximo dos años; sin embargo, desde febrero de 2014 han transcurrido 7 años desde que ocurrieron los hechos y la Fiscal lo que ha hecho es acumular y archivar denuncias y evidencias, irrespetando el cúmulo de pruebas presentado por la comunidad internacional, entre ellas el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Secretaría General de OEA , seis Estados Parte: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, además de más de 200 denuncias hechas por organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas y a nivel internacional. Por esa razón, expresó Walter Márquez, hemos denunciado en varias oportunidades a la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, de ser responsable de inacción, negligencia y corrupción en el caso de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Elección del nuevo Fiscal
“Debo recordar –señaló Márquez- que este 8 de febrero de 2021 también se reinicia la XIX Asamblea de los Estados Parte que se suspendió en diciembre pasado sin elegir al nuevo Fiscal de la CPI, el cual se debe seleccionar por votación secreta y mayoría absoluta, quien suplirá a Fatou Bensouda a partir del 15 de junio del presente año, por lo que exhortamos a la Asamblea de Estados Parte, que se elija a la persona con las mejores credenciales jurídicas y morales que permita realmente hacer justicia desde La Haya en la Corte Penal Internacional.”
Finalmente reiteró el parlamentario emérito venezolano su denuncia por negligencia y corrupción de la fiscal Bensouda, “exhortamos a los Estados Parte de la Corte Penal Internacional a elegir al nuevo Fiscal, que sea un funcionario desligado de cualquier vínculo con los regímenes criminales, ya que han pasado siete años de impunidad desde que la fiscal Bensouda conoció de los hechos en Venezuela y está demostrando, como lo hemos denunciado, que es una agente encubierta del régimen venezolano y que a través de un intenso lobby realizado por la embajadora de Maduro en la Corte Penal, Haifa El Aissami, se ha dilatado de manera injustificada esta investigación, violando el debido proceso y los plazos razonables que deben garantizar la investigación por crímenes de lesa humanidad contra , por lo que exigimos investigar la conducta criminal de la Fiscal Fatou Bensouda, iniciar las investigaciones contra Nicolás Maduro y su régimen y elegir, de forma impostergable al nuevo Fiscal de la CPI, que rescate la credibilidad en esa institución, garantice sanciones para los crímenes atroces y tome medidas preventivas para que no sigan ocurriendo estas graves violaciones de derechos humanos en Venezuela y en el mundo.”
Con información de Análisis Libre
