(18 de noviembre del 2020. El Venezolano).- Un grupo de familiares de privados de libertad de la Comandancia General de Yaracuy denunciaron ante el Ministerio Público que son víctimas de presunta extorsión por parte de los funcionarios de este cuerpo policial, quienes los amenazan con sacarlos de la llamada celda VIP a una con menos privilegios si no cancelan 200 dólares por persona.
Este pago ilegal y fraudulento corresponde a privilegios dentro de las celdas, entrega de comidas/paquetería y acceso a servicios básicos como agua, espacios para asearse o recibir la luz del sol. En estos calabozos se hace negocio con las necesidades de los reclusos.
La Comandancia General de la Policía de Yaracuy es un centro de detención preventiva que se estableció hace más de 63 años, pero actualmente dejó de ser un recinto transitorio porque desde hace años alberga a presos que deberían estar en las cárceles.
En este centro los detenidos deberían permanecer durante 48 horas hasta su audiencia de presentación, pero el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo recabar testimonios donde hay reclusos que llevan más de 5 años recluidos en este lugar.
Esto ha derivado en una crisis profunda donde el hacinamiento es lo común, trayendo con ello altos niveles de contagio de enfermedades infecciosas. En la Comandancia General de Yaracuy los privados con tuberculosis son cada vez más, siendo esta una de las comandancias con más alto índice de contagio.
No solo cobran, establecen fechas límites de pago
“Mi hijo asumió su condena, le dieron 6 años y cumplimos con todo el proceso para la redención de pena, todavía esperamos. Tiene 5 años privado de libertad”, comentó la madre de uno de los privados al que le están cobrando 200 dólares por permanecer en la celda VIP.
En una comunicación que tuvieron los familiares con los reclusos pudieron saber que se les está exigiendo el pago de $2.600 para permanecer en esta celda. Este pago corresponde a $200 por cada recluso, pidiendo además que el pago se haga en dos partes y que el primero sea el próximo jueves, de lo contrario serían desalojados y reubicados en celdas con peores condiciones.
Esto podría denominarse como el pago más alto que se exige en esta comandancia, que según testimonios, aumentó de $50 a $200 por recluso, pues como mencionamos anteriormente no es el único cobro que se exige. Los familiares también deben pagar para que los presos tengan acceso a agua potable, ver la luz del sol y acceso a paquetería.
“Si no nos da la gana no la pasamos”, escuchan los familiares con frecuencia por parte de los funcionarios. “A pesar de estar pagando por la entrega de la comida, esto no nos asegura que se las entregaran. Los policías son los que mandan, repiten que no tienen que hacer favores a nadie, pero si te niegas a pagar no comen”, denunciaron.
La crisis carcelaria no parece tener solución a corto plazo, la pandemia y la paralización de la justicia aceleró el debacle dentro de los recintos penitenciarios y calabozos policiales. Hacinamiento, condiciones inhumanas y extorsión siguen siendo la ley.
En horas de la noche de este martes 16 de noviembre, una fiscal del Ministerio Público coordinó el traslado de los reclusos al Centro de Coordinación Policial del municipio Cocorote para resguardar su integridad física. Al tiempo que los familiares claman para que no haya represalias por las denuncias contra los funcionarios policiales.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
