(08 de noviembre del 2020. El Venezolano).- El pasado sábado 7 de noviembre, los venezolanos leíamos la noticia que salía de las dependencias de la ONU, en Nueva York, en la cual no sólo era reconfirmada la crisis humanitaria compleja que había sido reseñada meses atrás por expertos de esa misma institución, sino que ahora se vaticina que «lo de Venezuela va para peor, advirtiendo que en nuestro país se agudizará la hambruna». Eso significa que se incrementará el número de niños y ancianos que perecen por desnutrición. Es la tragedia que lleva sobre su día a día un pueblo acosado de la manera más cruenta por un régimen inclemente que no repara en proseguir ejecutando por la vía extra judicial a seres humanos, o deteniendo de forma arbitraria a disidentes a los que además torturan hasta liquidarles la existencia.
Esa es la realidad que no se oculta a los ojos del mundo civilizado, tanto es así, que estoy citando un informe de pocas horas emitido por una organización llamada, Junto con la OEA, a proteger a los pueblos cuando estos son víctimas de violaciones flagrantes de sus derechos humanos elementales. Es por esa razón que desde hace más de tres años venimos clamando por la aplicación del principio de intervención humanitaria, que haga posible la organización de fuerzas de paz, con capacidad de detener esta masacre que se verifica a diario en un país de larga tradición democrática, pero que ahora -para nuestra desgracia- está en manos de una narcotiranía sanguinaria. Esa prédica nos ha llevado a alzar nuestra voz en diferentes escenarios y ante las más variadas personalidades del mundo. En cada sesión de trabajo presentamos pruebas que resultan irrefutables y por tanto merecedoras de la mayor atención de quienes tienen en sus manos la posibilidad y al mismo tiempo la obligación de salvar esas vidas que se pierden en un país que solo no puede luchar contra semejante Corporación Criminal.
Con vistas a lograr ese objetivo, que sabemos no es fácil de tramitar, hemos constituido una comisión múltiple de trabajo que se ha abocado a reunir información privilegiada que ha sido consignada ante la Corte Penal Internacional. Lo hemos hecho con la discreción que nos han requerido los técnicos abordados. Esos mismos folios y expedientes contenidos de datos que demuestran que en Venezuela se perpetran crímenes de lesa humanidad, a cargo de una banda que está aliada con lo peor del mundo criminal, o sea narcotráfico y terrorismo, los conocen tanto en la OEA como en la ONU. Hoy quiero compartir con ustedes parte de un estudio en el que se demuestra la viabilidad de La Responsabilidad de Proteger en Venezuela, pero sobre todo deja claro que ese «obstáculo del veto» de algunos gobiernos representados en el Consejo de Seguridad de la ONU, es también posible superarlo. De las manos de excelentes abogados como lo son Soranib Hernández de Deffendini, Blas Jesús Imbroda y Juan Carlos Gutiérrez, se ha podido articular una batería de argumentos que hacen posible avanzar en la activación de ese recurso vigente, desde que fue aprobado en octubre del año 2005.
