(18 de septiembre del 2020. El Venezolano).- Un grupo de opositores venezolanos exiliados en España han reclamado por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rechace la convocatoria de elecciones parlamentarias en Venezuela para el próximo 6 de diciembre al haber sido convocadas por el «ilegítimo gobierno» de Nicolás Maduro con «el único objetivo de eliminar más espacios constitucionales» en el país como la Asamblea Nacional.
La carta está firmada por líderes de la disidencia venezolana como Antonio Ledezma, Fernando Gerbasi, Jesús Eduardo Troconis, José Ignacio Guédez, Leopoldo López Gil –padre de Leopoldo López–, Miguel Herinque Otero y Simón Pedro Deffendini.
«La estructura usurpadora ha convocado a elecciones después de diseñar un cuidadoso plan, con el propósito de celebrar una elección fraudulenta, que desconoce la voluntad del pueblo venezolano, cuyo rechazo a Maduro y su régimen coinciden todas las encuestas realizadas por firmas independientes, supera el 85% e repudio», alegan en la misiva.
Asimismo, repasan «otros mecanismos que el régimen utiliza para controlar las elecciones» como el Consejo Nacional Electoral «ilegítimo y fraudulento», al ser sus autoridades designadas directamente por Maduro y el Ejército responsable de la observación electoral, así como un sistema de votación «diseñado a medida por empresas cómplices y funcionarios movilizados, obligados a participar bajo la amenaza de perder el empleo».
En la misma línea, los firmantes han señalado que las autoridades de Caracas «han tratado de desmantelar a los principales partidos opositores, a través de distintos mecanismos».
«Los han ilegalizado, despojado de sus líderes y autoridades, han perseguido, enjuiciado, encarcelado y obligado al exilio a la mayoría de sus dirigentes, diputados electos y potenciales candidatos», han indicado.
En el mismo sentido, han recordado que es «requisito indispensable» para el cumplimiento de una elección «democrática, verificable y transparente» la existencia de «medios de comunicación libres y autónomos, portales informativos no bloqueados y total libertad de expresión, además de garantías para los profesionales de la comunicación hoy día perseguidos, presos o torturados por realizar su trabajo».
«El cerco actual a los ciudadanos traspasa todo límite moral y legal, y pasa al uso directo de la violencia, como ya se ha visto en anteriores procesos electorales bandas paramilitares que patrullan las calles, atacan a testigos de mesa, disparan a dirigentes opositores y crean zozobra para impedir que los electores salgan a cumplir con su derecho al voto», explican en la misiva enviada a Sánchez.
NECESIDAD DE GARANTÍAS DEMOCRÁCTICAS
Por ello, reclaman al Gobierno de España «desconocer el llamado a elecciones mientras no existan garantías democráticas para llevarlas cabo de forma legítima y transparente» como consecuencia de «la condición fallida de este sistema gubernamental en un país donde no existe el estado de derecho».
«El rescate a la democracia en Venezuela requiere complementar el esfuerzo de los venezolanos con la determinante solidaridad internacional, donde el Reino de España aporta relevantes criterios tanto para Europa como Hispanoamérica», defienden.
Finalmente, han recordado que el Gobierno de Nicolás Maduro ha sido denunciado como autor de crímenes de lesa humanidad «tras una rigurosa investigación» por parte de la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas, «el mismo que ha sido repudiado por gobiernos, organismos multilaterales, oenegés y líderes demócratas del mundo entero».
En concreto, los investigadores de la ONU han denunciado que en Venezuela se han registrado crímenes de lesa humanidad perpetrados o avalados por el Gobierno, en el marco de un patrón cuyas ramificaciones se extienden hasta el propio Nicolás Maduro, y para el que se podría solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI).
La misión, que no pudo visitar Venezuela por la negativa del Ejecutivo de Maduro a facilitar sus pesquisas, ha investigado más de dos centenares de casos y ha concluido, en un informe de 443 páginas, que se han cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en el país sudamericano.
Concluye que tanto el Gobierno como los grupos afines han cometido violaciones «flagrantes» de los Derechos Humanos, hasta el punto de que se han identificado patrones «coordinados» con políticas del Estado y mantenidos de forma sistemática, lo que equivaldría a crímenes de lesa humanidad.
