(03 de abril del 2020. El Venezolano).- A juicio de Carlos Tablante, exministro de Estado y expresidente de la Comisión Antidrogas de Venezuela, «estamos ante una poderosa especie de licuadora gigante donde se mezclan los diversos intereses de diferentes organizaciones criminales vinculadas fuertemente a la corrupción y al tráfico de drogas”
En una entrevista exclusiva a AlNavio, Tablante destacó que es positiva la decisión del gobierno de EEUU de desplegar naves en el Caribe para enfrentar el tráfico de drogas internacional, con claras referencias a Venezuela, pero, aclara, “la amenaza de una invasión a Venezuela en los términos en que se realizó la de Panamá para la captura de Manuel Noriega, es un escenario indeseable y sería lamentable”. En Panamá hubo 4.000 muertos.
-¿Qué opinión le merece el despliegue militar en el Caribe anunciado por EEUU para combatir la acción de los carteles de drogas?
-Un acto de cooperación multilateral y de cooperación policial y militar como el anunciado por EEUU para controlar el transporte ilícito de sustancias ilegales en barcos, submarinos y aviones, reduciendo el espacio donde las organizaciones criminales han operado hasta ahora con bastante impunidad debería ser algo positivo, al reducir la cantidad de drogas que se envían hacia EEUU y Europa. Sin embargo, la amenaza de una invasión a Venezuela en los términos en que se realizó la de Panamá para la captura de Manuel Noriega, es un escenario indeseable y sería lamentable. Quiero recordar que en los pocos días que duró esa operación militar murieron casi 4.000 personas. Sin embargo, debemos reconocer que en estos momentos Venezuela está azotada por la hambruna, la hiperinflación, el colapso de los servicios, la falta de gasolina, la violencia y ahora la pandemia. Por supuesto, la prioridad debe ser liberar a la nación del secuestro impuesto por el Estado delincuente controlado por Maduro y restablecer el respeto a los derechos humanos, la plena vigencia de la Constitución y las leyes. El objetivo principal de todos los esfuerzos, con el respaldo de la comunidad internacional, debe ser lograr un acuerdo para la transición hacia la democracia con la realización de elecciones libres, sin presos políticos ni exiliados, pero sobre todo para atender de manera urgente la crisis humanitaria compleja que padecen los venezolanos.
-Esta operación se anuncia a pocos días de Estados Unidos haber acusado a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y otros altos cargos del régimen de Venezuela de tráfico internacional de drogas.
-Las gravísimas acusaciones hechas por el Departamento de Justicia de EEUU y por el propio fiscal general de ese país contra Maduro, Cabello, El Aissami y Maikel Moreno, entre otros, deben investigarse y aclararse en el ámbito jurisdiccional con la garantía del debido proceso y la presunción de inocencia de manera que los denunciados puedan defenderse. Por supuesto, esto implica que los señalados, hoy más que nunca, debido a la gran crisis que sufre Venezuela por la emergencia humanitaria, agravada ahora aún más por la emergencia sanitaria, deberían facilitar el proceso apartándose del poder, en especial Nicolás Maduro, y acordando con la Asamblea Nacional, como ha propuesto el presidente Juan Guaidó, la conformación de un gobierno de emergencia nacional que permita la entrada urgente de la ayuda humanitaria y el inicio de la transición hacia la democracia, propuesta respaldada por EEUU y por más de 60 países, que tiene como objeto la realización de elecciones libres para la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional, cumpliendo con los estándares democráticos para finales de 2020. Esta salida es mucho más compleja y difícil pero es el camino necesario para poder lograr una transición lo menos traumática posible.
– Más allá de las obvias implicaciones políticas de este evento, ¿cómo califica la acción del gobierno de EEUU desde el punto de vista estricto de la lucha contra el tráfico internacional de drogas?
-Las palabras claves para enfrentar el tráfico internacional de drogas son cooperación y coordinación entre los distintos países, asumiendo una relación de soberanía flexible para facilitar el intercambio y análisis de información e inteligencia y así evitar que las organizaciones criminales, que son estructuras trasnacionales que no respetan fronteras y no tienen patria ni soberanía sino que actúan en función de sus objetivos de acumulación de riqueza, atraviesen nuestras sociedades causando daños irreparables a la salud de los pueblos y generando un ambiente de corrupción e impunidad imponiendo el poder de la violencia y del dinero, avanzando en el control de los países, sustituyendo a las instituciones por entramados de corrupción y crimen.
–¿Es Venezuela un narco-Estado?
-Considero simplista la caracterización de Venezuela como un narco-Estado. Es mucho más grave que eso. Se trata de una mezcla de Estado fallido, que es aquel que no satisface las necesidades mínimas existenciales de la población, y de Estado forajido, que es aquel que se coloca al margen de las leyes, convenciones y tratados internacionales, es decir, se trata más bien de una cleptocracia donde la corrupción política facilita la impunidad y se convierte en la llave que abre las puertas al narcotráfico y a otras actividades criminales como el secuestro, la extorsión y el financiamiento del terrorismo (ELN, FARC y Hezbolá), entre otras. Estamos ante una poderosa especie de licuadora gigante donde se mezclan los diversos intereses de diferentes organizaciones criminales vinculadas fuertemente a la corrupción y al tráfico de drogas. Cualquier observador mínimamente informado puede señalar que es contradictorio calificar a Venezuela como un narco-Estado, y no hacerlo así con Colombia, Perú o México, los principales productores de drogas del continente. La diferencia en estos casos, es que se trata de naciones que tienen políticas antidrogas y forman parte de un sistema de cooperación internacional. Mantienen una acción permanente y sistemática para prevenir, enfrentar y controlar estas actividades, mientras que otros Estados -como ahora Venezuela- miran hacia otro lado, no tienen políticas de Estado reales y permiten que las redes de delincuencia organizada que se conforman y se deshacen de acuerdo a los objetivos del momento se muevan siguiendo sus intereses económicos, expandiendo cada vez más su poder en el territorio. En el caso de Venezuela, hasta la propia ONU, en el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), concluyó que las organizaciones delictivas de traficantes de drogas han penetrado las altas esferas del poder a través de un entramado al que se denomina como el cartel de los soles, denominación con la que se quiere identificar como cabecillas de estas redes de criminales a una minoría de generales o altos oficiales de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional.
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