(15 de octubre del 2019. El Venezolano).-Varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas Human Rights Watch (HRW), urgieron este martes a rechazar la candidatura de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU dado el historial del régimen de Nicolás Maduro.
“Venezuela no pinta nada en el Consejo de Derechos Humanos”, defendió en una conferencia de prensa el director de HRW para Naciones Unidas, Louis Charbonneau.
A dos días de las elecciones en las que se renovarán parte de los asientos de este organismo, Charbonneau llamó a los países de la Asamblea General de la ONU a hacer todo lo posible para frenar la candidatura venezolana.
El chavismo competirá en los comicios del jueves con Brasil y Costa Rica por dos escaños disponibles para la región de América Latina y el Caribe.
La candidatura costarricense, anunciada este mes, tiene como objetivo declarado evitar que el régimen de Maduro se haga con uno de los puestos en el Consejo de Derechos Humanos.
En total, más de medio centenar de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos se han unido para oponerse a las aspiraciones chavistas.
Para el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, en inglés), una ONG con sede en Ginebra, Venezuela no cumple con los requisitos para ser parte del organismo de la ONU.
El ISHR evalúa cada año la cooperación de los candidatos con Naciones Unidas y su apoyo a los derechos humanos y, en el caso venezolano, considera que suspende en 14 de los 15 criterios a examen.
Las ONG apelaron a la conciencia de los diplomáticos que depositarán sus votos -que son secretos- y subrayaron que elegir a Venezuela sería una bofetada para los millones de venezolanos afectados por la crisis en el país.
El pasado agosto, Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano en ser investigado por el propio Consejo de Derechos Humanos, que aprobó la creación de una comisión para estudiar los abusos del régimen chavista.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, detalló en un informe presentado este año muchas de esas acusaciones y documentó al menos 6.000 muertes en operaciones de seguridad desde 2018.