(12 de septiembre de 2019. El Venezolano).- La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) impuso al Banco Occidental de Descuento (BOD) «medidas administrativas de intervención del Estado en protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios venezolanos», como medida preventiva de los impactos que pudieran ocasionar sobre la institución las intervenciones de sus filiales en Curazao y Panamá.
Según la resolución, con fecha del 10 de septiembre, esta intervención administrativa tendrá vigencia por 120 días hábiles bancarios, prorrogables en los términos previstos en el Artículo 184 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
El sitio web Banca y Negocios detalló que la medida incluye las siguientes prohibiciones expresas:
– Realizar nuevas inversiones.
– Decretar pago de dividendos
– Captar fondos a plazo.
– Abrir nuevas oficinas en el país o en el Exterior.
– Adquirir acciones y participaciones en el capital social de instituciones bancarias constituidas o por constituirse en el exterior.
– Adquirir, ceder, traspasar o permutar inmuebles, así como la generación de gastos por concepto de remodelaciones a los propios o alquilados.
– Liberar sin autorización de esta Superintendencia provisiones específicas y genéricas.
Además, la resolución prevé la «designación de funcionarios acreditados por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que contarán con poder de veto en la junta Directiva y todos los comités, y con acceso pleno a todas las áreas administrativas del Banco». Aparte de la adopción de cualquier otra medida adicional que el ente regulador considere necesario para asegurar el funcionamiento adecuado del BOD.
La decisión de la Sudeban en relación con la operación del BOD no obedece, de acuerdo con el texto de la resolución, a ninguna situación o riesgo en el mercado venezolano, sino que se toma como medida preventiva de posibles impactos por la complicada situación del grupo financiero en el exterior.
De hecho, la resolución hace mención expresa de las medidas tomadas en Curazao con el Banco del Orinoco NV, y en Panamá contra AllBank Corp, ambas filiales del BOD, como elemento sustancial de estas medidas administrativas.
