(15 de octubre del 2025. El Venezolano).- El 13 de octubre de 2025 será una fecha que no olvidaremos, especialmente los venezolanos en Colombia. En el norte de Bogotá, dos activistas venezolanos fueron baleados mientras salían de su residencia, en el barrio Cedritos. Los afectados: Luis Alejandro Peche, analista político, y Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+.
Escrito por: José Ramón Villalobos / El Venezolano Colombia
Ese hecho repudiable, de sangre y violencia, revela una verdad dolorosa: Colombia ya no es territorio seguro para los venezolanos, y menos para quienes han huido de amenazas y defienden derechos civiles y políticos de un país secuestrado por criminales siniestros como es el caso del régimen de Maduro.
Patrón de hostilidad
Llegamos a Colombia huyendo de la crisis, la represión y el atropello. Buscábamos refugio, un espacio de acogida y seguridad. Por un momento, muchos creímos haberlo encontrado. Pero hoy la realidad nos golpea: estamos atrapados y sitiados por grupos armados criminales que dominan las calles de Colombia. La tierra que debía darnos amparo y protección se ha convertido en otro escenario de miedo.
El atentado contra Luis y Yendri no es un caso aislado. Es el reflejo de un patrón de hostilidad creciente hacia la comunidad venezolana, un entorno que no tolera voces críticas, ni activismo, ni denuncia de abusos, y que confirma que la seguridad de los migrantes venezolanos está en riesgo real.
En el gobierno de Gustavo Petro el peligro se ha intensificado. Las expectativas de protección han chocado con una realidad de indiferencia institucional y de discursos públicos cómplices de la represión vecina. Mientras las autoridades de Colombia presumen su buena voluntad con los migrantes venezolanos, en la práctica estamos más expuestos.
Mi testimonio público: amenazas y exilio
Los hechos contra Luis y Yendri despiertan en mí un recuerdo inevitable: hace cuatro años fui objeto de amenazas en Bogotá. No me balearon afortunadamente, pero lograron crear una situación de extrema tensión que comprometió la seguridad de todos los que estaban a mi lado.
Los hechos: mientras conversaba con pequeño grupo de venezolanos frente al Carulla de la calle 85 repentinamente se aparecieron dos sujetos en motos y empezaron a grabarme -directamente- con dos cámaras portátiles. Se desató el pánico. Las personas que estaban hablando conmigo corrieron del miedo y quedé solo en medio de dos agresores -aparentamente venezolanos- que me intimidaban y amenzaban. Ocurrió a pocos días de haber entrevistado a Humberto Calderón Berti, embajador de Venezuela para ese enonces.
Ese evento no fue el final. Poco después, recibí otra amenaza, canalizada por medio de un colaborador del periódico. No me quedó otra opción: tuve que salir de Colombia por prevención. Esa decisión no fue voluntaria: fue la única posibilidad viable ante el riesgo que pesaba sobre mí como director de El Venezolano Colombia, “el primer medio venezolano de oposición en Bogotá”.
Todas estas manifestaciones de violencia —alevosas y dirigidas— son el reflejo de una tendencia que hiere profundamente a la comunidad migrante venezolana: violencia, atentados, exclusión laboral, discursos estigmatizantes, ataques selectivos y una institucionalidad que responde con silencio y, en ocasiones con amenazas.
Exigimos acción, no discursos
El Estado colombiano tiene una deuda histórica con los migrantes venezolanos: no podemos seguir siendo víctimas silenciosas.
Exigimos:
1. Investigaciones suficientes, rápidas y transparentes sobre este atentado y otros similares, para identificar y sancionar a los responsables.
2. Medidas reales de protección para activistas, líderes sociales y defensores migrantes, más allá de meras promesas públicas.
3. Garantías de seguridad y refugio efectivas para quienes huyen de persecución política en Venezuela.
4. Una narrativa nacional distinta, que deje de ver al venezolano como amenaza o problema, y lo reconozca como parte de Colombia.
Se trata de exigir dignidad, respeto, derecho a la vida. Que este atentado contra dos venezolanos no quede impune, que este episodio sirva de alerta: los venezolanos también vivimos en riesgo dentro de Colombia.
Hoy alzamos la voz y nos sostenemos en nuestra dignidad y basado en nuestros derechos. Porque seguir callados es avalar que nos maten.
