Un llamado a la conciencia civil y militar.
COLOMBIA atraviesa hoy un momento crítico que no puede ser minimizado como un simple conflicto entre el poder civil y el estamento militar. La propuesta de reforma de las Fuerzas Armadas impulsada por el presidente Gustavo Petro representa, en su esencia y objetivos, un intento profundo y deliberado de re configurar la estructura institucional de defensa del Estado colombiano para someterla a un proyecto político ideológico.
Como analista político, con experiencia vivida en el caso venezolano , con la narrativa comparativa en la evolución de los sistemas político-militares en América Latina, debo advertir que la reforma propuesta no es un hecho aislado, sino parte de una metodología ya aplicada y sufrida en países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Allí, procesos similares empezaron con reformas supuestamente democratizantes, pero terminaron en la destrucción de la institucionalidad republicana y la conversión de las Fuerzas Armadas en instrumentos de represión y control político.
La reforma: una anatomía del desmontaje institucional.
Cinco ejes resumen el plan del gobierno Petro:
1. Politización del mando militar, al otorgar discrecionalidad total al Ejecutivo para ascensos, debilitando la meritocracia y abriendo paso a la fidelidad ideológica como criterio de promoción.
2. Redefinición doctrinaria que reemplaza el enfoque contrainsurgente por una ambigua “doctrina de seguridad humana”, desconectada de la realidad de un país aún en conflicto.
3. Desmantelamiento de la justicia penal militar, dejando a los soldados expuestos a procesos judiciales ideologizados.
4. Erosión del principio de obediencia, abriendo la puerta a la insubordinación selectiva bajo criterios subjetivos de derechos humanos.
5. Creación de una Guardia Nacional bajo el Ministerio del Interior, paralela a las Fuerzas Militares, ajena a la estructura constitucional, y con preocupantes semejanzas con la Milicia Bolivariana venezolana.
La combinación de estos factores podría quebrar la columna vertebral de la República, es decir, su defensa institucional.
El espejo de Venezuela:
Quienes hemos estudiado el caso venezolano recordamos que en 2002, Hugo Chávez inició una reestructuración del mando militar con criterios políticos. A partir de 2005, se eliminaron los contrapesos internos, se creó una milicia subordinada al partido oficial, y se sustituyó la doctrina profesional por un discurso de “seguridad integral del pueblo”. El resultado: una fuerza armada politizada, degradada, sin autonomía ni legitimidad, convertida en brazo armado de una élite gobernante.
Hoy Venezuela sufre las consecuencias: narcotráfico institucionalizado, pérdida del monopolio de la fuerza legítima del Estado, y una ciudadanía indefensa frente a estructuras paralelas de poder.
El momento colombiano: entre la democracia y el autoritarismo
Lo que está en juego en Colombia no es sólo la estructura de mando militar, sino la supervivencia de la separación de poderes, el equilibrio institucional y la esencia de la democracia liberal.
Cuando 18 generales activos, incluyendo al comandante del Ejército, firman una carta pública cuestionando la reforma, no estamos ante un desacato, sino ante una advertencia histórica.
En democracias sanas, la subordinación no implica silencio cómplice frente al riesgo de destrucción de la institución misma.
Un llamado a las Instituciones Democráticas y a la conciencia del país; al Congreso, a la Fiscalía y a la sociedad civil:
Como Ciudadano , jurista y defensor de la legalidad republicana, hago un llamado de Alerta a:
• El Congreso de la República, para que ejerza su función de control jurisdiccional-constitucional ; y no permita una supuesta reforma que desborda la Carta Política.
• El Fiscal General de la Nación, para que garantice que ningún militar sea perseguido por ejercer el deber constitucional de proteger la legalidad y la Constitución Nacional.
• Las Fuerzas Armadas Nacionales Institucionales, tradicionales y profesionales, no partidistas, para que mantengan su juramento de lealtad a la Constitución y no a ningún caudillo.
• La sociedad civil colombiana, para que entienda que la defensa de la democracia no es tarea sólo de los uniformados, sino de todos.
Es imperativo detener la destrucción de la Nación, antes que sea irreversible.
La historia enseña que las repúblicas no se destruyen de un día para otro, sino paso a paso, disfrazadas de reformas, de paz, de justicia. Colombia aún está a tiempo de frenar esta deriva autoritaria. Pero requiere coraje, lucidez y unidad entre civiles y militares auténticos. No es momento de recular ni tampoco de indiferencia. Es el momento de Actuar y defender la Nación.
*Por José Antonio Rangel Barón. (Abogado, exdiplomático y analista político y jurídico internacional).
