(06 de mayo del 2025. El Venezolano).- La pieza central de los intentos de línea dura de Donald Trump de deportar a inmigrantes indocumentados usando un poder de tiempos de guerra se ha topado con resistencia por parte de los tribunales federales, incluso entre los jueces que el propio Trump ha designado.
La última, el lunes, fue la jueza de distrito Stephanie Haines, quien presidía un tribunal federal en Johnstown, Pensilvania. El gobierno argumentó ante Haines que debería poder usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar migrantes de Estados Unidos con poca antelación, reseña CNN.
Haines ya había bloqueado temporalmente al gobierno de Trump el envío de presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua de Venezuela a El Salvador si se encontraban detenidos en una instalación de su distrito, en el centro de Pensilvania, donde hay un centro para detenidos inmigrantes del noreste de Estados Unidos.
El lunes, no se pronunció sobre si la prohibición debería extenderse ni si permitiría al gobierno aplicar la ley de tiempos de guerra a los detenidos que se trasladan a través de Pensilvania. Sin embargo, formuló varias preguntas al Departamento de Justicia sobre por qué consideraban suficiente que los detenidos tuvieran menos de dos días para impugnar la Ley de Enemigos Extranjeros una vez que se les informa que podrían ser enviados a El Salvador.
Además de Haines, otro juez de primera instancia designado por Trump, en el sur de Texas, dictaminó la semana pasada que las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros no eran legales. El juez Fernando Rodríguez Jr., quien se incorporó al tribunal en Texas en 2018, decidió que el presidente por sí solo no podía considerar que Estados Unidos estaba siendo amenazado o invadido por venezolanos y declarar a los inmigrantes indocumentados del país como enemigos extranjeros. El fallo fue el primero en bloquear el uso de la ley por parte del gobierno tras analizar el caso en su totalidad.
Aunque la decisión de Rodríguez sólo se aplica a los inmigrantes detenidos en el distrito del juez en el sur de Texas, se convirtió en una señal temprana y crucial de que una pieza central de la política migratoria de línea dura de la administración podría ser derribada en todo el país. Cada fallo, especialmente si proviene de jueces designados por Trump, puede socavar los argumentos de la administración para utilizar la controvertida ley.
