(19 de marzo del 2025. El Venezolano).- Las organizaciones Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX) han presentado un escrito de Amicus Curiae ante la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), en apoyo a los beneficiarios venezolanos del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Este esfuerzo busca respaldar la demanda presentada por la Alianza Nacional TPS contra la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de finalizar el TPS para aproximadamente 348,000 venezolanos, anunciada el pasado 20 de febrero de 2025, con vencimiento previsto para el 2 de abril de 2025.
El escrito, liderado por José Antonio Colina, presidente de VEPPEX, y Helene Villalonga, presidenta de AMAVEX, argumenta que la terminación del TPS es ilegal, arbitraria y contraviene principios humanitarios fundamentales establecidos en la ley de inmigración de Estados Unidos y en normas internacionales de derechos humanos. Ambas organizaciones destacan que la deportación de beneficiarios del TPS expondría a los venezolanos a graves riesgos en su país de origen, donde persisten la represión política, el colapso económico y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, según informes recientes del Departamento de Estado de EE.UU. y Human Rights Watch.
Protección de familias y niños ciudadanos estadounidenses
El documento enfatiza el impacto devastador que la terminación del TPS tendría en las familias, especialmente en más de 270,000 niños ciudadanos estadounidenses que dependen de padres con TPS. La separación forzada violaría derechos constitucionales como la unidad familiar, protegida bajo la Quinta y Decimocuarta Enmienda, y causaría daños psicológicos, económicos y educativos irreparables a estos menores, según estudios citados de la Asociación Americana de Psicología y el Urban Institute.
Contribuciones económicas y sociales
VEPPEX y AMAVEX también subrayan las significativas contribuciones de los inmigrantes venezolanos a la economía estadounidense, particularmente en estados como Florida, Texas y Nueva York. Con una tasa de participación laboral del 74% y un 57% de adultos con títulos universitarios, los venezolanos han impulsado sectores clave como la salud, la construcción y la hospitalidad. Su deportación generaría pérdidas económicas, escasez de mano de obra y un aumento en la dependencia de programas de asistencia pública.
Contexto legal y humanitario
El escrito argumenta que la decisión del DHS viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al ignorar las condiciones actuales en Venezuela y precedentes judiciales como Ramos v. Nielsen (2018) y Saget v. Trump (2019), que exigen una justificación basada en evidencia para terminar protecciones humanitarias. Además, resalta la incongruencia de esta medida con sanciones previas de EE.UU. contra el régimen de Nicolás Maduro y la reciente extensión del TPS en enero de 2025 por la administración Biden.
Un llamado a la justicia
“La terminación del TPS no solo pone en peligro la vida de miles de venezolanos que huyeron de la persecución, sino que también destroza familias estadounidenses y debilita comunidades enteras”, afirmó José Antonio Colina.
Por su parte, Helene Villalonga agregó: “AMAVEX y VEPPEX luchan por la justicia y la protección de quienes han encontrado refugio en este país. Instamos a la ACLU a preservar el TPS como un salvavidas humanitario esencial.”
