(19 de agosto del 2019. El Venezolano).- «Venezuela se va a convertir en la segunda reserva de oro más grande del mundo», según las palabras de Nicolás Maduro del pasado mes de noviembre cuando sumó otra promesa más a la kilométrica lista de incumplidos del régimen para intentar recuperar el bienestar económico del país.
El «plan oro» se llamó inicialmente al desfalco de la nación ordenada por el Nicolás Maduro que daría ingresos de más de 5.000 millones de dólares anuales con la puesta en marcha de 54 plantas procesadoras de minerales.
A través de un trabajo de investigación del ABC de España, se conoció que el Arco Minero del Orinoco, un gigantesco proyecto que abarca casi el 12% del territorio nacional -duplicando la faja petrolífera del Orinoco-, sería la fuente inagotable de Maduro (7.000 toneladas de reservas) y sus aliados para la explotación de oro, diamante, coltán, hierro, bauxita, entre otros minerales preciosos. El proyecto se extendió a 150 empresas mixtas de capital nacional y extranjero principalmente chinas, turcas y rusas para fortalecer las relaciones bilaterales con el Gobierno bolivariano.
«Al principio la idea del Arco Minero era bonita, pero cambió con la llegada de empresas contratistas acostumbrados a la estructura corrupta de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), quienes estan intentando monopolizar la industria minera. Todos estos señores son militares retirados o civiles relacionados con el alto gobierno. Solo una o dos empresas son de familas tradicionales reconocidas de toda la vida«, dice un empresario minero, con más de 35 años en el negocio, que no quiere ser identificado.
La minería se ha transformado en la nueva maquinaria de corrupción del Gobierno y la única manera de sobrevivir de muchos que se convierten prácticamente en esclavos del sistema. «Es el salvavidas financiero para el país, pero lleno de trampas y de conflictos», añade.
El modelo de negocio lo encarna un grupo de inversionistas privados asentados principalmente en el sector Nacupay de El Callao donde ha sido creado hace un año el Complejo Industrial Aurífero Domingo Sifontes, que preside Eduardo Ribas, un nuevo mecenas del oro vinculado a la familia presidencial Maduro-Flores. Esta mega estructura industrial está compuesta por 12 molinos con capacidad de producción diaria de alrededor de 2.400 toneladas que se traducen entre 50 y 80 kilos de oro mensual. Estas plantas operan como procesadoras del material bruto extraído y recuperan el oro mediante cianuración, que en teoría tiene menor impacto ambiental.
En cambio, los informales (mineros artesanales) solo sacan el 20% cuando lo extraen con sus propias manos. Para separar la tierra del oro aplican mercurio en un proceso sumamente largo y contaminante.
Crimen ecológico
Los nativos del estado Bolívar, ubicado al sur de Venezuela, están completamente en contra de la minería. En esta región actualmente se perpetra «el mayor crimen ecológico de la historia», según han denunciado diputados de oposición. De hecho, la Asamblea Nacional derogó el año pasado el decreto firmado por Maduro mediante el cual se crea el Arco Minero. Desde entonces, allí se escenifican guerras entre distintas mafias, nacionales y extranjeras, así como grupos paramilitares como el ELN que buscan hacerse del control de la explotación.
A los empresarios en alianza con el Estado, se les permite procesar lo que se conoce como material secundario, es decir, todas las arenas auríferas sobrantes acumuladas por décadas de los molinos legales o ilegales que ya han sido manipulados. Las empresas fuera del complejo son supervisadas rigurosamente por un ente denominado Oficina de Fiscalización Minera, la cual emite una ruta de movilizacion para el traslado de las barras de oro desde las instalaciones de las empresas hasta el centro de acopio. Asimismo, supervisan las fundiciones semanales. Sin embargo, el empresario señala que se desconoce qué ocurre en el Complejo Domingo Sifontes «nadie sabe en realidad cómo, para dónde y cuánto llega realmente a las arcas del Estado venezolano».
