(25 de junio del 2024. El Venezolano).- El grupo Abogados por los Derechos Civiles (LCR, en inglés) presentó hoy una demanda en Massachusetts (EE.UU.) contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por no publicar de forma transparente los criterios y procesos para aprobar exenciones de pago de diversos documentos migratorios.
La querella se interpuso en una corte federal en la ciudad de Boston bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), incluye a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) -un brazo del Departamento de Seguridad Nacional- y llega después de que el grupo realizara sin éxito una solicitud de registros públicos en 2023.
LCR asegura que su propósito es obtener información detallada sobre los criterios utilizados por USCIS y DHS para evaluar y otorgar las exenciones de tarifas, “con el objetivo de una administración justa y equitativa”.
De acuerdo con un comunicado del grupo, la exención de tarifas es “fundamental” para miles de inmigrantes de bajos ingresos al solicitar su Documento de Autorización de Empleo (EAD), el Estatus de Protección Temporal (TPS) o el de naturalización.
“Sin embargo, el proceso para obtener estas exenciones suele ser poco claro e inconsistente. Desde 2013, USCIS ha recibido alrededor de 500.000 solicitudes de exención de tarifas anualmente y niega arbitrariamente, al menos, una de cada nueve”, argumentan.
Además, LCR destaca en el documento que a USCIS se le otorgó discreción para aprobar las exenciones de pago, que se solicitan a través del documento I-192 y deben cumplir con ciertos requisitos, reportó EFE.
“Debido a esta amplia autoridad discrecional, se necesita más transparencia con respecto a cómo USCIS hace estas determinaciones y con qué frecuencia se otorgan exenciones de tarifas”, indican los abogados en la demanda.
Según ésta, una solicitud para obtener el Documento de Autorización de Empleo cuesta entre 260 y 520 dólares, el I-192 para el TPS 50 dólares y el de naturalización entre 380 y 760 dólares.
“La transparencia en el proceso de exención de tasas es fundamental”, afirma la abogada Miriam Albert, del grupo demandante, que recalca que la falta de claridad “erosiona” la confianza en el sistema de inmigración e “impone dificultades indebidas a las personas vulnerables”.
